Crónica Madrid.

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El Ayuntamiento evalúa la decisión del TSJM y aclara que Prieto y Largo Caballero siguen en las calles.

El Ayuntamiento evalúa la decisión del TSJM y aclara que Prieto y Largo Caballero siguen en las calles.

Madrid, 23 de julio. El Consistorio de la capital española se encuentra en proceso de análisis de la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha invalidado la supresión de los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalencio Prieto de las calles de Madrid. A pesar de esta anulación, las autoridades municipales han insistido en que no se llevó a cabo ninguna eliminación formal de estos nombres.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien actualmente ejerce funciones de alcaldesa, realizó estas declaraciones en una conferencia junto a la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, donde presentaron un informe sobre la situación económica de la ciudad.

El miércoles, el Tribunal Supremo validó la nulidad del acuerdo alcanzado por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de septiembre de 2020, que daba luz verde a la remoción de la Avenida Francisco Largo Caballero, el Bulevar Indalencio Prieto y una placa dedicada a Largo Caballero en la Plaza de Chamberí.

Sanz aseveró que los servicios jurídicos del municipio están revisando la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y reiteró que los nombres de las calles no han sido realmente eliminados. "Como es habitual, tras el análisis de la sentencia, el Ayuntamiento actuará conforme a la legalidad, respetando siempre el poder judicial", enfatizó la vicealcaldesa.

La Sala Tercera del Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, así como por el partido Vox, que buscaban revocar sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Las resoluciones del TSJM habían avalado el retiro de los nombres de estas calles y de la placa en cuestión, además de solicitar el desmantelamiento de estatuas en Nuevos Ministerios que conmemoran a estos líderes históricos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. Las decisiones del TSJM también reafirmaron los fallos de otros juzgados que respaldaron las reclamaciones de UGT y el PSOE.