El Ayuntamiento de Fuenlabrada levanta el precinto de La Cantueña tras orden judicial.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada desafía a la Comunidad de Madrid al retirar el precinto de las obras en La Cantueña para establecer un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, alegando que incumplen el convenio de cesión del espacio.

MADRID, 7 Jun.

Tras recibir la notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que suspendió de forma cautelar el decreto municipal que paralizaba los trabajos, el Ayuntamiento procederá a levantar el precinto de las obras.

Según fuentes municipales, el Consistorio presentará alegaciones al recurso del Gobierno regional para proteger los derechos de los vecinos y recuperar el espacio de La Cantueña, que consideran que les pertenece.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), afirmó que el proyecto de la Comunidad de Madrid no cumple con el convenio de cesión del espacio, y por tanto, la ciudad tiene el derecho de recuperarlo y defenderlo en los tribunales.

Ante las acusaciones de la Comunidad de Madrid de que el Ayuntamiento está en "rebeldía" por precintar las obras, el Consistorio fuenlabreño asegura que seguirá desafiando a la "prepotencia" del gobierno regional, que insiste en construir el centro para menores no acompañados en Fuenlabrada a pesar de la oposición local.

El Ayuntamiento argumenta que el modelo propuesto por la Comunidad de Madrid va en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la ley regional de servicios sociales, ya que un macrocentro en esa ubicación no sería adecuado para atender a los menores.

Hace 20 años, el Ayuntamiento cedió el centro a la Administración regional para un fin diferente, y ahora busca recuperar las instalaciones al considerar que se incumplió el convenio inicial.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid suspendió de forma provisional el decreto municipal que paralizaba las obras, lo que permite a la Comunidad de Madrid continuar con sus planes para habilitar el centro de acogida.

El juez argumenta que no existe un grave perjuicio del interés general en permitir que las obras continúen durante el breve plazo concedido al Ayuntamiento para presentar alegaciones.

La Comunidad de Madrid planea invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas en el centro de acogida, con el objetivo de cumplir con las demandas del Gobierno de España en cuanto a los menores extranjeros no acompañados.