En un nuevo episodio de polémica en el Ayuntamiento de Madrid, el partido Más Madrid ha solicitado formalmente que se aclare el uso de 77.000 euros de fondos municipales que fueron asignados a una serie de estudios realizados por el equipo económico del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Edu Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, expuso este tema ante los medios en una rueda de prensa celebrada antes de la sesión del Pleno que se llevará a cabo este martes, siendo esta la última reunión del consejo antes del receso de verano.

Rubiño detalló que el alcalde, José Luis Almeida, ha contratado esos 77.000 euros en estudios relacionados con la industria de Madrid para la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM, mediante convenios establecidos por el propio Ayuntamiento. Además, no dudó en criticar fuertemente el denominado 'caso Montoro', que ha puesto bajo la lupa ciertas prácticas relacionadas con cobros de comisiones a cambio de legislación favorable a distintas empresas.

El grupo político busca determinar “qué parte de esta situación” podría asociarse a la administración de Almeida y al actual equipo del consistorio. Rubiño no escatimó en palabras al calificar el 'caso Montoro' como "extremadamente grave", sugiriendo que representa un “nivel superior de corrupción” en el país y remarcando que en su periodo, se llegó a comercializar el Boletín Oficial del Estado y el Congreso.

Criticó además que mientras se aplicaban recortes en gasto social en momentos críticos de la crisis de 2008, se favorecían a las grandes empresas con rebajas fiscales desde su despacho. Según Rubiño, esto resulta en que el Partido Popular ha "minimizado la dignidad" de las instituciones españolas para establecer un entramado corrupto.

El portavoz también recordó que durante la gestión de Montoro como ministro de Hacienda bajo el gobierno de Mariano Rajoy, Manuela Carmena era la alcaldesa de la capital y, por lo tanto, tenían una comprensión clara de las implicaciones del 'expopular'.

En su intervención, Rubiño subrayó que Montoro bloqueó durante años la posibilidad de que los recursos del Ayuntamiento se utilizaran para implementar políticas sociales, acusándolo de actuar mientras se desarrollaba este importante caso de corrupción.