Las mujeres vivían hacinadas en un sótano, eran obligadas a trabajar las 24 horas del día y a consumir drogas durante los servicios sexuales.
En una operación policial, la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación irregular. Se han liberado a seis víctimas y se ha detenido a diez miembros de la organización, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los miembros de esta organización tenían roles definidos, como captadores a través de Internet, conductores que trasladaban a las mujeres a otros lugares para ejercer la prostitución, y controladores de las víctimas.
Las mujeres eran obligadas a vivir en condiciones deplorables en un sótano, donde eran forzadas a trabajar sin descanso durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. Además, se les obligaba a consumir sustancias estupefacientes durante los servicios sexuales.
En los lugares donde se llevaba a cabo esta actividad, un chalet en Leganés y un piso en Móstoles, también se vendía cocaína y medicamentos utilizados como estimulantes sexuales. Las autoridades han liberado a seis víctimas, arrestado a diez miembros de la organización y llevado a cabo registros en estas propiedades.
La investigación comenzó en marzo, cuando la Policía recibió un testimonio en el correo [email protected], que permitió localizar a una mujer en situación irregular que era obligada a prostituirse en un chalet de Leganés junto a otras once mujeres que se anunciaban en páginas especializadas en prostitución.
Dentro del lugar, dos mujeres de la organización se encargaban de recibir los pagos por adelantado por los servicios sexuales y traficaban con drogas. El chalet contaba con un sistema de videovigilancia para controlar el acceso y los movimientos de las mujeres explotadas.
Los clientes debían llamar antes de llegar y eran monitoreados por las cámaras de seguridad. Luego, una mujer salía a su encuentro. Las mujeres no tenían las llaves del lugar y solo podían abandonarlo cuando eran llevadas a otro lugar para realizar un servicio. Vivían en condiciones infrahumanas, hacinadas en habitaciones del sótano sin ventilación.
Además, existía un sistema de multas para coaccionar a aquellas mujeres que no cumplían con los requisitos impuestos. También se descubrió otro inmueble en Móstoles, donde trabajaban seis mujeres, que era administrado por una pareja con una tercera mujer como encargada.
El pasado 13 de junio, se llevó a cabo la detención de 22 personas, diez de ellas pertenecientes a la cúpula de la organización. Se les acusa de delitos de prostitución, contra la salud pública, abusos sexuales y violación de la ley de extranjería. Durante los arrestos, se incautaron varios cuadernos con anotaciones sobre los servicios y pagos, así como dinero en efectivo.
También se encontró un documento que instruía a las víctimas sobre qué hacer en caso de ser descubiertas por la policía, así como varias sustancias estupefacientes, como hachís y cocaína.