ALCALÁ DE HENARES, 17 de julio.

La tensión entre las autoridades de la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid llegó a un punto crítico durante una reciente Junta Local de Seguridad. Aunque el propósito inicial era discutir las medidas de seguridad para las fiestas patronales, la reunión se desvió hacia la preocupación por la situación migratoria de la ciudad, y las acusaciones cruzadas entre los diversos niveles de gobierno fueron palpables.

La controversia comenzó a finales de junio, tras una agresión sexual en la que se vio involucrado un migrante del Centro de Atención, Derivación y Emergencia (CAED) que opera desde el acuartelamiento Primo de Rivera. Este incidente generó una oleada de críticas dirigidas a la Delegación del Gobierno y sus políticas migratorias.

En ese marco, la alcaldesa Piquet advirtió que la apertura del CAED había contribuido a un aumento de la inseguridad en Alcalá. Aunque no vinculó directamente la agresión a la instalación, el delegado del Gobierno lo interpretó como un discurso cargado de racismo, criticando la falta de acción ante crímenes cometidos por extranjeros.

A lo largo de la semana anterior a la reunión, los intercambios de acusaciones entre Martín, Piquet y otros representantes de la Comunidad de Madrid se intensificaron. Esta tensa Junta Local de Seguridad tuvo lugar apenas dos días después de que el Ayuntamiento reprobara al delegado y pidiera el cierre del CAED.

A pesar de la falta de consenso, el delegado del Gobierno ofreció explicaciones a los medios sobre las medidas de seguridad implementadas para las festividades, pero también se refirió a los conflictos surgidos en la reunión, ilustrando la situación con un comentario sobre cómo Cervantes habría descrito el encuentro.

Durante su declaración, Martín insistió en su crítica a Piquet, a quien acusó de "criminalizar" a los migrantes. Al mismo tiempo, mostró sorpresa por la presencia conjunta de la alcaldesa y del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, lo que solo incrementó la tensión en el ambiente.

En respuesta, Piquet y Novillo rechazaron la ayuda que les ofrecía el delegado para cambiar el tono de la narrativa, asegurando que su visita a Alcalá no había sido más que un espectáculo mediático. La alcaldesa lamentó que esta era la primera vez que Martín visitaba la ciudad, subrayando que su intervención había sido a través de palabras hirientes en lugar de soluciones constructivas.

La alcaldesa subrayó que las cifras de criminalidad no reflejan la realidad, y que la comunidad requiere respuestas efectivas a sus preocupaciones sobre la seguridad. En un tono más directo, Novillo insistió en que la población no se siente representada por simples estadísticas cuando lo que buscan es protección real.

Las divisiones políticas no son el único problema; la controversia alrededor del CAED ha llevado a manifestaciones en las que se han visto involucrados tanto grupos locales como de extrema derecha. Ante el descontento de los vecinos, la Delegación del Gobierno intentó desviar una manifestación programada, aunque los asistentes continuaron su camino hacia el centro, resultando en confrontaciones con la Policía.

A pesar de un periodo de calma, Alcalá de Henares se prepara para otra manifestación que se anticipa para este fin de semana. La Delegación del Gobierno, no obstante, ha declarado que aún no se ha recibido ninguna notificación oficial al respecto.

En cuanto a la futura movilización, Martín ha llamado a la responsabilidad civil antes de que este tipo de concentraciones se repitan, buscando evitar un ambiente hostil hacia los migrantes. Sus comentarios han abogado por la cesación del odio y del racismo en el discurso público.

Sin embargo, Piquet se distanció de cualquier discurso que pudiera tildarse de xenófobo, insistiendo en el derecho de los ciudadanos a manifestarse. En relación con la manifestación planificada, destacó que los organizadores aún tienen tiempo para formalizar la notificación a la Delegación del Gobierno, enfatizando que la ubicación aledaña al CAED es un punto sensible para las autoridades.

Piquet se comprometió a denunciar cualquier actitud hostil durante las manifestaciones, pero también reclamó atención y apoyo cuando su persona fue atacada en actos públicos, subrayando la necesidad de un respeto mutuo en el discurso y acción pública.