Las polémicas alrededor de la contratación pública en la Comunidad de Madrid se intensifican a raíz de una reciente denuncia sobre la empresa Partner Line S.L., encargada de gestionar el centro de abortos Dátor. El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar la concesión de 24 contratos menores otorgados a dicha compañía que, curiosamente, había sido declarada en disolución en octubre de 2023.

Según un informe al que tuvo acceso la agencia Europa Press, el Tribunal ha solicitado la apertura de un expediente formal sobre la situación de los contratos de Partner Line, argumentando que estos no se ajustan al principio de legalidad requerido en tales transacciones.

Este giro en la investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que sostiene que el gobierno regional continuó entregando contratos a la mencionada empresa a pesar de que esta contaba con una prohibición formal para contratar.

De acuerdo con el análisis de la fundación, la Consejería de Sanidad habría otorgado a Partner Line un total de 24 contratos con un valor que supera los 150.000 euros, a pesar de su situación de disolución declarada el pasado octubre.

La resolución del Tribunal subraya el hecho de que, dado que la empresa se encuentra en concurso de acreedores y su administrador único ha sido inhabilitado para gestionar bienes ajenos, todos los contratos deben considerarse nulos. Esta es una clara violación de las leyes de contratación pública.

Abogados Cristianos también apunta que la problemática se remonta a 2015, año en el que la empresa inició su concurso de acreedores y desde entonces ha recibido más de 400 contratos públicos por parte de la Comunidad de Madrid.

Además, el informe menciona que el administrador de Partner Line fue condenado a dos años de inhabilitación debido a su gestión del centro Dátor, lo que añade otro elemento de preocupación en torno a la contratación de dicha empresa.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha criticado duramente la situación, afirmando que la Comunidad de Madrid está malgastando millones de euros en el negocio del aborto, lo que pone de relieve una supuesta connivencia entre intereses privados y decisiones políticas. Castellanos sostiene que esos fondos podrían ser utilizados de manera más efectiva para ayudar a las mujeres que realmente lo necesitan.