En un hecho sin precedentes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, se presentará mañana en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en el garaje de su edificio. Su comparecencia ha sido autorizada por la decana de los juzgados debido a motivos de seguridad.

Se ha conocido que existe un riesgo para la integridad física de Gómez, según un informe emitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, lo que ha llevado a la decana de los jueces de Madrid a emitir un acuerdo gubernativo para garantizar su seguridad durante el proceso.

En un comunicado se señala que se protegerá el derecho a la libertad de información, pero se priorizará el derecho a la integridad física de la persona en cuestión. Se permitirá la entrada de los medios de comunicación a la sede judicial para que puedan realizar su labor informativa de manera adecuada.

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado que su declaración sea grabada únicamente en formato de audio y no en vídeo, debido a la relevancia pública de su caso. El abogado ha argumentado que grabar solo el sonido evitará un uso inapropiado de las imágenes, dado el interés mediático en torno a su figura.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está investigando a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Su interrogatorio está programado para el próximo viernes a las 10 de la mañana.

La petición de grabar solo el audio de la declaración no es inusual, según el abogado de Gómez, y es una práctica común en varios juzgados para evitar la difusión indebida de imágenes captadas durante procesos judiciales.

El juez que lleva el caso ha asegurado que se investigarán todos los actos realizados por Begoña Gómez desde que su esposo asumió el cargo de presidente del Gobierno, en relación con los supuestos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y adjudicaciones de contratos públicos.

Además, el juez tiene previsto interrogar como testigo al rector de la Universidad Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés, quien se encuentra hospitalizado, en las próximas fechas. La investigación sigue en curso y cada paso es crucial para esclarecer los hechos.