La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado rotundamente las acusaciones de Más Madrid sobre un supuesto sueldo vitalicio que se otorgarían a través de la modificación de la Ley de Gobierno y Administración. Ayuso ha calificado esta información como un "bulo" y ha explicado que cualquier remuneración estaría relacionada con una labor "consultiva", buscando llenar un "vacío legal".

Con tono irónico, Ayuso ha bromeado durante la sesión de control al Gobierno de la Asamblea, afirmando: "No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros, para dos vidas, por si acaso, como si fuera una persona de Podemos". La presidenta también ha destacado que la ley en cuestión aún no ha sido redactada y ha criticado a Más Madrid por las viviendas de los 22 ministros, señalando que los presidentes de Madrid no tienen residencia oficial ni sueldos vitalicios como en Cataluña.

Ayuso ha argumentado que es necesario evitar dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un órgano consultivo, y considera justo que reciban una compensación monetaria por su participación. Cabe recordar que la ex presidenta autonómica Cristina Cifuentes eliminó el Consejo Consultivo en su momento.

En respuesta a las críticas de Más Madrid, Ayuso ha señalado: "Nosotros no tenemos una casa de 400 metros cuadrados como su jefa, ni tampoco hemos puesto a dedo 35 altos cargos investigados por el Supremo". Además, ha destacado que las prioridades de su gobierno se centran en la promoción de la Sanidad, la Educación y las medidas para el aumento de la natalidad, en respuesta a la pregunta original planteada por Bergerot.

Por otro lado, Bergerot ha acusado a Ayuso de impulsar una ley para beneficiarse a sí misma y le ha exigido que aclare cuál será su "paguita vitalicia o sueldo Nescafé". También le ha reprochado que esté evitando el debate parlamentario al registrar la modificación de forma urgente. La portavoz de Más Madrid ha planteado la contradicción de estar en contra de la subida del Salario Mínimo Institucional, pero luego ponerse un sueldo de 8.500 euros.

En cuanto a las prioridades del Gobierno autonómico, Bergerot ha criticado las acciones que dificultan la vida de las personas LGTBI, como la derogación de las leyes Trans y la falta de medidas frente a la LGTBIfobia. Además, ha advertido a Ayuso sobre la eliminación de políticas de sensibilización hacia este colectivo en los medios de comunicación y las escuelas, comparando estas acciones con los comienzos de Hungría, Rusia y Polonia.