La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se prepara para enfrentar un debate complicado este jueves en la Asamblea Regional, donde partidos como Más Madrid, PSOE y Vox critican su reciente viaje a Austin, Texas. Este viaje ha levantado ampollas en medio de un conflicto con el Gobierno central por la reciente designación de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, un movimiento que ha desatado un encendido debate político.

La presidenta madrileña realizó su quinto viaje a Estados Unidos el pasado jueves, con el propósito de reunirse con representantes del sector tecnológico en Austin, así como con el alcalde de la ciudad y autoridades de la universidad local. Además, asistió al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en el circuito de Las Américas, un evento que también ha sido objeto de críticas por la oposición.

Mientras el debate se intensifica, algunos miembros de la izquierda han insinuado que este viaje coincide con el aniversario de la presidenta, el 17 de octubre, lo que ha llevado a Vox a argumentar que su trabajo en Madrid es de mayor relevancia en comparación con sus actividades en el extranjero.

Más Madrid ha presentado una Proposición No de Ley que requeriría informes detallados antes y después de los viajes internacionales realizados por altos funcionarios, señalando la necesidad de mayor transparencia en estos desplazamientos. Por su parte, el PSOE ha formulado preguntas sobre la financiación de su asistencia al Gran Premio, pidiendo detalles sobre los gastos y la naturaleza de las entradas obtenidas.

En respuesta a estas críticas, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió el viaje de Ayuso, asegurando que su objetivo era atraer inversiones a la región. Calificó las críticas de la oposición como un signo de "cortoplacismo" y "sectarismo," enfatizando que estos viajes difíciles son cruciales para el desarrollo económico de Madrid.

Otro tema candente es la designación de la Real Casa de Correos por parte del Gobierno central. Esta decisión, que se basa en su historia como sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, ha sido denunciada por el Gobierno regional, que planea llevar el asunto ante la Audiencia Nacional. Según García Martín, el expediente necesario ha "caducado," lo que cuestiona la validez de la declaración.

Desde VOX, la portavoz Isabel Pérez Moñino ha denunciado esta medida como "totalitaria" y la tacha de cortina de humo para desviar la atención de cuestiones relacionadas con la corrupción. En contraste, desde Más Madrid, se han pronunciado a favor de la designación, argumentando que representa un paso hacia la justicia histórica y la memoria colectiva sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido la legalidad de la declaración, afirmando que es válida y que la afirmación de la Comunidad sobre el plazo era incorrecta. Esto ha llevado a un agrio intercambio de palabras entre los representantes regionales y nacionales, intensificando el clima político en torno a este asunto.

Este debate, que toca temas sensibles como la memoria histórica y la inversión económica, está previsto que se convierta en el centro de la agenda de un Pleno que comenzará con un emotivo minuto de silencio por una joven fallecida en un incidente violento en Villaverde, y en el que también se tendrá que discutir la toma de posesión de un nuevo diputado del PP y otros temas relevantes de la actualidad regional.

Más adelante, se abordará una sesión de control a Ayuso, donde se plantea un amplio abanico de preguntas sobre cuestiones de salud mental, financiación educativa y eventos deportivos, así como políticas de natalidad y formación profesional, evidenciando la variedad de temas que generan controversia y discusión en la región.

Finalmente, el orden del día del Pleno incluirá una serie de Propuestas No de Ley de diferentes partidos, abordando cuestiones que van desde la supervisión de contratos públicos y la regulación de los honorarios inmobiliarios, hasta la defensa de un enfoque nacional en la distribución de ayudas públicas y el control de fronteras, reflejando la diversidad de perspectivas que coexisten en el debate político madrileño.