La controversia en torno a la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia ha vuelto a suscitar debate tras las afirmaciones de Más Madrid. La portavoz de este partido, Manuela Bergerot, asegura que un testigo ha declarado en sede judicial que Ayuso habría encargado un plan destinado a no trasladar a los enfermos de residencias a los hospitales.

En respuesta a estas acusaciones, Ayuso defendió su gestión, asegurando que ningún geriatra recibió instrucciones para permitir el deterioro de los residentes y acusó a Más Madrid de distorsionar la realidad. “Es una miseria lo que hacen, incluso se inventan frases que jamás pronuncié”, dijo la mandataria durante la sesión de control en la Asamblea, desafiando a su oponente a demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

La presidenta también criticó las acciones de la oposición, insinuando que su único objetivo es desacreditar al gobierno local. Minimizó la relevancia de las acusaciones al señalar que las residencias son solo un elemento que se utiliza en su contra en Madrid, y no en otras comunidades autónomas como Asturias o Aragón. Ayuso instó a las familias que tengan dudas sobre la atención en los centros geriátricos a acercarse a la Comunidad, enfatizando que han sido los propios familiares quienes han solicitado una revisión de las cifras de fallecimientos.

Bergerot, por su parte, alegó que las declaraciones de tres ex altos funcionarios de la Comunidad de Madrid en un juzgado de Leganés son un golpe contundente para Ayuso. Según la oposición, uno de los imputados afirmó que recibió instrucciones directas de la presidenta para no trasladar a los enfermos a hospitales, subrayando la relevancia de una reunión que tuvo lugar el 11 de marzo, donde se empezaron a implementar varios protocolos, incluso antes de que fueran oficialmente aprobados.

Acusó a Ayuso de actuar de manera irresponsable y solicitó que mirara a la cara a las familias de los fallecidos presentes en la sala, quienes han sido objeto de insultos por parte de la presidenta. “Lo que están buscando es justicia, y su lucha está empezando a dar resultados”, insistió Bergerot, quien destacó que la cifra de 7.291 fallecidos en residencias es inaceptable y producto de “protocolos de la vergüenza” que, según ella, Ayuso debió aprobar.

La disputa se enmarca en una tensión política creciente, donde se cuestiona abiertamente la responsabilidad de la presidenta y su administración en uno de los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. La oposición reclama una mayor rendición de cuentas mientras Ayuso continúa defendiendo su legado, contradictoriamente en un escenario donde las familias demandan respuestas sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia.