En un debate reciente en la Asamblea de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso defendió la postura de la Comunidad ante el registro de objetores al aborto, destacando que dicha medida podría comprometer varios principios fundamentales establecidos en la Constitución Española. Ayuso subrayó que en la región no se permitirá la creación de una "lista negra" de médicos que se opongan a realizar este procedimiento por motivos de conciencia.

Durante la sesión de control, la presidenta respondió a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien exigió que se cumpla con lo solicitado por la ministra de Sanidad, Mónica García, refiriéndose a la remisión del listado de objetores. La mandataria autonómica argumentó que tal listado podría vulnerar artículos clave de la Constitución, como el derecho a la vida y la libertad religiosa, apuntando que la ley protege a los médicos de ser forzados a actuar en contra de sus convicciones personales.

Ayuso hizo hincapié en varios artículos relevantes, incluyendo el artículo 14 que garantiza la igualdad ante la ley y otros que defienden la libertad de pensamiento y creencias. También mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual aboga por la libertad de conciencia, así como disposiciones éticas para los médicos que puedan rechazar realizar abortos.

En su intervención, la presidenta no reculó en sus afirmaciones y lanzó una crítica directa sobre la postura de ciertos sectores, citando el Corán y planteando preguntas sobre la perspectiva del mundo musulmán respecto al aborto. Este comentario pretendía desafiar la coherencia de las opiniones progresistas sobre el tema.

Refutando las acusaciones de coerción, Ayuso reafirmó que nadie en Madrid será obligado a actuar en contra de su conciencia y que el gobierno regional mantendrá una postura de respeto hacia las decisiones tanto de los médicos como de las mujeres en esta delicada cuestión.

En una reflexión sobre la situación del aborto en España, apuntó a la alarmante cifra de 106.000 abortos anuales, que en una década alcanza un millón. Ayuso catalogó esta realidad como un fracaso social y preguntó retóricamente si se busca incrementar aún más estas cifras, sugiriendo que muchas de estas situaciones podrían haberse evitado.

Finalmente, reiteró su compromiso de no señalar ni condenar a nadie, ya sea por optar por el aborto o por negarse a realizarlo. Este posicionamiento fue contrastado por Bergerot, quien insistió en la necesidad de un registro de objetores y recordó el fracaso de Alberto Ruiz Gallardón al enfrentarse a los derechos de las mujeres, sugiriendo que la derecha debería centrarse más en garantizar un acceso seguro y gratuito al aborto para todas.