El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, expresó su descontento con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) debido a que cree que busca "llenar de ideología los campus". Además, Ossorio cree que hay aspectos en la normativa que supondrán pérdidas económicas para las universidades.
Entre los puntos cuestionados se encuentra el derecho que se le reconoce a los estudiantes al paro académico y la prohibición a los colegios mayores adscritos a universidades públicas de segregar por sexo. La LOSU entró en vigor este miércoles 12 de abril, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Al preguntarle su opinión sobre la ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Educación expresó que no considera que la LOSU sea "favorable al sistema universitario madrileño ni español". Además, mencionó que otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que evaluarán si algunas partes de la normativa han incurrido en inconstitucionalidad, como podría ser el tema de la financiación. En este sentido, Ossorio argumentó que la normativa ha generado "protestas" de algunas autonomías, rectores y catedráticos.
Sostiene que la LOSU es una ley contradictoria porque desregula el sistema haciendo que haya cincuenta sistemas universitarios en España, tantos como universidades públicas hay, pero coarta en algunos extremos la autonomía. Ossorio insiste en que el problema "evidente" que provoca la LOSU es "la ruptura del sistema universitario único español como consecuencia de los socios que en el Congreso han hecho enmiendas y han apoyado esta ley". Considera que España pierde "cohesión como país" porque genera que los estudiantes vayan a "diversas velocidades" en función de donde estudien.
Por otro lado, criticó que se "desprestigia" la figura del profesor asociado. Ossorio explica que esta figura consistía en que personas relevantes de cualquier sector de la sociedad pudieran dedicar una parte reducida de su tiempo a la universidad enriqueciendo a los alumnos, pero la LOSU no ha sabido entender esta figura. Añade que la LOSU va a expulsar a personas de valía con experiencia que podían aportar su conocimiento.
El consejero también cree que es una ley que "compromete la eficacia de las universidades y su relación con la sociedad". Asegura que es perjudicial para la calidad de las universidades ya que no avanza en gobernanza ni en internacionalización, sino que busca "llenar de ideología los campus".
Respecto al tema financiero, Ossorio asegura que el proceso de estabilización de los profesores asociados, "como comporta una reducción del número de horas de docencia de 180 a 120", requerirá cubrir las horas de estos 6.177 docentes con otros 9.200, lo que costará a las universidades madrileñas 41 millones de euros. Por otro lado, afirma que el hecho de que el profesor asociado que tenga doctorado pase automáticamente a ser profesor adjunto doctor tiene "un coste adicional de 44,6 millones de euros".
Añade que por más que la Comunidad de Madrid intentó que el Ministerio pusiera sobre la mesa dinero para que las universidades y las comunidades autónomas pudieran atender a estos gastos, no se consiguió absolutamente nada y esta es la situación.