En una decisión judicial que ha generado controversia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha determinado mantener la suspensión del decreto emitido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña, argumentando que estas obras son beneficiosas en medio de un contexto de intensificación de presión migratoria y escasez de recursos.

El juez ha decidido mantener la medida cautelar provisionalísima de suspensión de la ejecutividad del decreto, emitido el 19 de mayo, que ordenaba la suspensión inmediata de las obras en el Cerro de la Cantueña.

En su razonamiento, el magistrado ha destacado que, ante el conflicto de intereses generales, se deben priorizar los intereses de la Comunidad de Madrid, que busca establecer un centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados en un contexto de creciente presión migratoria y recursos insuficientes, sobre los intereses del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que buscan mantener la normativa urbanística municipal.

El juez señala que la suspensión de las obras no perjudica al interés general, ya que el edificio en cuestión lleva décadas sin actividad y su estado de deterioro impide su uso. Asimismo, destaca que la continuación de las obras beneficiará a menores en situación de desamparo material al proporcionarles asistencia básica vital.

Además, el magistrado argumenta que en caso de que la propiedad del espacio revierta al Ayuntamiento de Fuenlabrada, este recibiría un inmueble remodelado y en condiciones de uso mucho mejores que las actuales.

En última instancia, el juez concluye que el interés del Ayuntamiento en paralizar las obras debe ceder ante el interés de la Comunidad en continuarlas, respaldado por la urgencia de la construcción. También menciona los posibles perjuicios para los menores en un contexto de intensificación de presión migratoria y escasez de recursos si las obras se paralizan.

Finalmente, el magistrado destaca que no hay elementos que indiquen que la continuación de las obras represente un peligro para el interés general, dado el estado de deterioro y desuso del edificio en cuestión y su cobertura urbanística actual.