El alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, del Partido Popular, ha sido procesado por el juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ante acusaciones de cometer delitos como prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Este desarrollo se ha producido en un contexto en el que se esperan responsabilidades en la gestión pública.

Según un auto judicial al que ha accedido Europa Press, el magistrado ha decidido avanzar con el procedimiento legal, no solo en contra de Quiroga, sino también contra la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, María Isabel Santamaría Alonso. Este paso implica que la investigación ha culminado y se prepara el terreno para la fase intermedia, que podría desembocar en un juicio próximo.

El juez ha expuesto en su dictamen que ambos, Quiroga y Santamaría Alonso, actuaron de manera conjunta antes del 26 de septiembre de 2019 para modificar un acta de una reunión celebrada el 19 de julio de 2019. En esa misma sesión, se decidió cesar al entonces secretario Ignacio Rodríguez de la Riva y se nombró a Santamaría Alonso en su lugar.

Adicionalmente, se alega que introdujeron cambios en la estructura del Consejo de Administración, designando a María Isabel como adjunta a la presidencia, lo que le permitiría recibir un salario distinto al de su puesto como secretaria, junto con otros dos adjuntos que también obtendrían remuneración.

Estos nombramientos fueron realizados sin seguir el procedimiento adecuado y en contravención a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la entidad pública Emugesa, S.A., lo que ha dado pie a serias sospechas sobre la legalidad de sus acciones.

El auto apunta a que existen indicios suficientes que apuntan a la posible comisión de delitos por parte de los involucrados, considerando que se reúnen todos los elementos necesarios para investigar los delitos de prevaricación, falsedad de documentos y malversación.

Las pruebas que sustentan estas acusaciones incluyen actas firmadas por ambos implicados, así como documentación relativa a retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta, y los recibos de nómina proporcionados durante el proceso.