La Audiencia Provincial de Madrid ha dado su respaldo a la investigación dirigida por la jueza Inmaculada Iglesias en relación al posible comportamiento del compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien podría haber estado involucrado en delitos adicionales a los que ya se están analizando en el marco de un caso principal sobre supuesta evasión fiscal.

Este respaldo se ha materializado en un auto emitido recientemente, al cual Europa Press ha tenido acceso. En este auto, los magistrados desestiman el recurso de apelación presentado por los defensores de González Amador, quienes cuestionaban la decisión de abrir una pieza separada en el Juzgado número 19 de Madrid.

González Amador se presentó ante la jueza el lunes pasado como investigado en la causa principal, aunque optó por hacer uso de su derecho a no declarar, siguiendo el consejo de su equipo legal, a la espera de una resolución sobre el mencionado recurso, el cual afecta a dos delitos fiscales.

Una semana después, los magistrados consideran que, en esta fase del proceso, es apropiado avanzar en la investigación para determinar si los hechos señalados en la nueva pieza pueden ser considerados como infracciones penales.

Los jueces subrayan que aunque las operaciones económicas y jurídicas en cuestión pueden tener implicancias variadas, cualquier conclusión acerca de su naturaleza debe basarse en una investigación exhaustiva.

La jueza Iglesias decidió abrir esta nueva línea de investigación en octubre pasado, enfocándose en el presunto uso de una sociedad instrumental para ocultar ingresos del Grupo Quirón que debían ser reportados adecuadamente.

Esta acción se derivó de un recurso de reforma presentado parcialmente por los partidos PSOE y Más Madrid, que cuestionaban el auto donde la jueza había negado la realización de las diligencias solicitadas por esta parte en calidad de acusación popular.

La nueva pieza busca dilucidar si la utilización de la sociedad de pantalla, Masterman S.L., mediante un contrato de servicios entre la propia empresa de González Amador, Maxwell Cremona S.L., y su cliente Quirón Prevención S.L., podría implicar nuevos delitos.

Los magistrados están evaluando si la utilización de Masterman S.L. para ocultar ingresos que Maxwell Cremona S.L. debía haber declarado puede encuadrarse en delitos adicionales que requieren ser investigados.

Desde la acusación popular se plantea que detrás de la estructura de este negocio podrían existir indicios de administración desleal, como argumenta el Abogado del Estado, o incluso delitos asociados a la corrupción empresarial, dado el importe significativo de casi 500,000 euros por las participaciones de Masterman S.L. que pertenecían a la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Se considera que esto podría representar una compensación ligada a contratos adjudicados a Maxwell y posteriormente a Masterman por Quirón Prevención, o bien una retribución por operaciones en las que Maxwell actuó como intermediario, especialmente en la adquisición de productos sanitarios, lo que resultó en facturaciones de 2,021,900 euros en 2020 a diferentes empresas.