El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se enfrenta a serias acusaciones de la Fiscalía de Madrid, que ha solicitado una pena de prisión de cuatro años y nueve meses. Esto se debe a un presunto fraude fiscal en el que se habría eludido el pago de más de un millón de euros al fisco español durante los años 2014 y 2015.

Según informes, la Agencia Tributaria ha recuperado ya la deuda tributaria a través de un embargo, que asciende a un total de 1.217.958,24 euros, incluyendo un recargo de 243.593,71 euros y 47.298,10 euros por intereses acumulados. La fiscalía considera que Ancelotti cometió dos delitos graves contra la Hacienda Pública, y ha solicitado multas que totalizan 3.186.237 euros, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso Europa Press. El entrenador comparecerá ante la Audiencia Provincial de Madrid el próximo miércoles.

Los fiscales argumentan que, a pesar de haber declarado su residencia habitual en España y un domicilio en Madrid, Ancelotti solo incluyó en su declaración los ingresos percibidos directamente del Real Madrid, omitiendo los significativos rendimientos obtenidos de sus derechos de imagen, que ficticiamente alegó ceder a otras entidades.

El documento de acusación revela que, a partir de julio de 2013, Ancelotti se convirtió en entrenador del Real Madrid, en un contrato que se extendió hasta junio de 2016 y que incluía no solo su salario como entrenador, sino también compensaciones por el uso de sus derechos de imagen.

Pese a que su estancia en España comenzó en julio de 2013 y mantuvo su residencia en Madrid hasta mayo de 2015, el texto señala que durante ese tiempo España se convirtió en su centro de intereses profesionales y económicos. En concreto, se menciona que recibió casi 15 millones de euros solo en concepto de remuneraciones laborales, lo que lo obligaba a tributar en España también por sus ingresos en 2015.

La Fiscalía sostiene que el entrenador ideó un complicado esquema para evitar tributar sobre los ingresos generados por sus derechos de imagen, canalizando estos a través de una serie de sociedades y fideicomisos cuya actividad real era cuestionable, y que estaban registradas fuera del país. Este método le permitió ocultar su verdadera relación con estas entidades y sus ingresos ante la Hacienda Pública española.

Ancelotti, de acuerdo con las acusaciones, simuló la cesión de sus derechos de imagen a empresas sin capacidad de operar y cuyos registros estaban ubicados en el extranjero, buscando así evadir impuestos tanto en España como fuera de ella. Para ello, se estableció un contrato privado en 2013 en el que supuestamente cedió estos derechos por un periodo de diez años a la entidad Vapia Limited, a cambio de 25 millones de euros, aunque las condiciones de este acuerdo fueron objeto de modificaciones sin que el entrenador recibiera compensación alguna.

El acusador también señala que hubo un retraso significativo en la notificación al Real Madrid de la entidad que gestionaba sus derechos de imagen, lo que se producía casi un año después de su acuerdo inicial, lo que pone de manifiesto una falta de transparencia que agrava el caso. Las acusaciones sostienen que la presentación de declaraciones incorrectas por parte de Ancelotti resultó en devoluciones indebidas de la Agencia Tributaria, creando un saldo negativo en sus cuentas fiscales.

Finalmente, la Fiscalía enfatiza que las omisiones en las declaraciones incluyen no solo los ingresos relacionados con los derechos de imagen, que alcanzaron cifras de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 euros en 2015, sino también dos propiedades inmobiliarias en el extranjero, lo que llevó a un perjuicio estimado de más de un millón de euros por rentas y ingresos omitidos.