La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reafirmado su posición en relación a la atención sanitaria en la región, sosteniendo que desde 2019 se cuenta con un plan que se actualiza de manera continua, el cual se comparte con los sindicatos representados en el sector.

En un notable giro de los acontecimientos, los sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid han decidido emprender acciones legales contra la Consejería liderada por Fátima Matute, argumentando una grave "desprotección" que afecta a los 15.000 profesionales de Atención Primaria. La falta de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales se enmarca en un incumplimiento "grave y reiterado" de la legislación vigente desde 1995 que obliga a la administración a garantizar un entorno seguro para estos trabajadores.

Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad, como Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF, han unido fuerzas con la plataforma APSeMueve, un colectivo de médicos y pediatras, para presentar esta histórica demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Exigen una indemnización de 5 millones de euros, además de 100.000 euros diarios en caso de atraso en su cumplimiento, al alegar vulneraciones de derechos fundamentales debido a la falta de un plan adecuado.

Los sindicatos y APSeMueve han señalado que desde el inicio de su litigio han obtenido más de un centenar de sentencias condenatorias que avalan su postura. Entre estas sentencias, destaca una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se obligó a indemnizar a un médico con 8.000 euros, enfatizando que la falta de medidas de prevención es un "incumplimiento muy grave" que pone en peligro la integridad física de los trabajadores sanitarios.

Partiendo de esta precedencia, si los 15.000 profesionales de Atención Primaria decidieran reclamar individualmente, la administración podría enfrentarse a indemnizaciones que superarían los 120 millones de euros. Según los representantes legales de estos colectivos, ya hay más de un millar de demandas presentadas en proceso.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha defendido su posición al recordar que dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019 con 197 medidas específicas. Aunque estas medidas fueron interrumpidas temporalmente por la pandemia, se asegura que se ha continuado trabajando en una planificación "concreta y exhaustiva" que se actualiza constantemente según sea necesario.

En una reciente rueda de prensa celebrada en la sede de Amyts, el abogado de APSeMueve, Vicente Martín, subrayó que en 2021 el TSJM condenó a la Consejería por no reconocer la existencia de este plan. A pesar de su afirmación de que hay documentación al respecto, Martín recalcó que lo que no se ha presentado a los sindicatos son planes efectivos de prevención de riesgos, como lo ha determinado en sus fallos el TSJM.

Martín añadió que "si cualquier empresa privada en España hubiese incumplido sus obligaciones preventivas de esta manera, estaría cometiendo un delito", y destacó la pasividad de la Inspección de Trabajo, que ha emitido hasta 19 requerimientos sin imponer sanciones, lo que incentivaría a la administración a no cumplir con la normativa.

Los sindicatos han decidido actuar ante lo que consideran "la pasividad e indolencia de la Administración", que lleva a una situación crítica para los profesionales de la salud. La Gerencia de Atención Primaria del Sermás, aseguran, no está proporcionando los recursos mínimos necesarios para que los trabajadores puedan desempeñar sus funciones con seguridad, poniendo en riesgo tanto su salud como la de los pacientes.

En sus declaraciones, los representantes de los sindicatos han resaltado su interés por negociar un efectivo plan de prevención y su disposición a colaborar, subrayando que los trabajadores de Atención Primaria están expuestos a una variedad de riesgos que la administración no ha abordado ni mitigado adecuadamente.

Desde la Consejería, se argumenta que se ha presentado un Plan Psicosocial y de protección laboral a los sindicatos en varias ocasiones, incluso en comités extraordinarios celebrados en los últimos meses. Además, se recuerda que la administración invitó a los sindicatos a contribuir con propuestas, pero estas no fueron presentadas.

En cuanto a las medidas implementadas, la Consejería detalla la creación de una aplicación informática para monitorizar las acciones del plan y la evaluación sistemática de riesgos laborales en un alto porcentaje de los puestos de trabajo. Asimismo, desde principios de este año se ha logrado una reducción del 7% en las agresiones a profesionales de Atención Primaria y se han implementado programas de formación para abordar conductas violentas en colaboración con expertos policiales.

Para mejorar las condiciones laborales, también se ha registrado una disminución del 40% en las vacantes de atención primaria, facilitando así un entorno laboral más seguro. La Consejería continúa trabajando en otras iniciativas para alcanzar los objetivos asistenciales establecidos, así como en la capacitación del personal en factores de riesgo psicosocial y en la mejora de la seguridad en centros sanitarios.

Por último, se ha invertido en aumentar la seguridad en los ambulatorios, mediante la instalación de cámaras de vigilancia y reforzando el control en los dispositivos de Atención Primaria. Asimismo, se han creado canales telemáticos para mejorar la comunicación con los delegados de prevención, añadiendo un enfoque más integral a la gestión de la salud laboral en el sistema de Atención Primaria.