Se aprueban incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y fomentar la reubicación en zonas despobladas.
La Comunidad de Madrid prevé un ahorro fiscal de 150 millones con las nuevas rebajas en vivienda
MADRID, 14 de noviembre.
El parlamento regional ha dado luz verde este jueves a un conjunto de medidas que incluyen incentivos fiscales dirigidos a inversores extranjeros y deducciones para quienes decidan trasladarse a municipios en vías de despoblación, con el respaldo mayoritario del Partido Popular y el apoyo de Vox para la segunda de las medidas.
La normativa más destacada, conocida como 'Ley Mbappé', establece que los contribuyentes que hayan residido en el extranjero un mínimo de cinco años podrán deducir un 20% de su cuota autonómica del IRPF al trasladar su residencia fiscal a la capital española. Sin embargo, deberán mantener su inversión y residencia fiscal en la Comunidad por al menos seis años. Es importante señalar que esta bonificación no se aplicará a inversiones inmobiliarias en paraísos fiscales ni a personas que ocupen puestos ejecutivos en las empresas objeto de inversión.
Este avance legislativo culmina un proceso que se inició durante la pasada legislatura, cuando el Partido Popular gobernaba en minoría y dependía del apoyo de Vox para la aprobación de leyes. En aquella ocasión, la oposición imposibilitó que una normativa similar fuera aprobada.
Durante el debate, la diputada de Vox, Ana Cuartero, expresó su descontento, cuestionando la decisión del PP de implementar deducciones para extranjeros mientras hay problemas en municipios como Paiporta, que atienden a una población de 28.000 habitantes. “¿Por qué no tienen medidas para estos ciudadanos y sí para 30.000 extranjeros?”, inquirió a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.
Desde la oposición, el socialista Fernando Fernández consideró esta ley como “el mayor despilfarro fiscal en la historia de la Comunidad de Madrid”. Argumentó que favorece a millonarios extranjeros mientras ignora a los ciudadanos españoles, calificando la situación de “insulto fiscal” y un ataque a los principios de igualdad constitucional.
Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, arremetió contra la ley al afirmar que promueve a la región como un refugio para quienes evaden impuestos, sugiriendo que no garantiza que las inversiones se mantengan permanentemente en Madrid.
Por el contrario, Álvaro Ballarín del PP defendió el proyecto, argumentando que el mismo aumentará la recaudación fiscal al atraer nuevos contribuyentes, y subrayó que se trata de una norma que beneficia a los residentes y al crecimiento económico de la región.
Aparte de la 'Ley Mbappé', se aprobó otra modificación centrada en deducciones para aquellos que se muden a localidades con riesgo de despoblación. Los jóvenes menores de 35 años podrán deducir hasta 1.000 euros ya sea por la compra o el alquiler de vivienda en estas áreas, además de un 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez años.
Además, los compradores de vivienda de segunda mano podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para propiedades nuevas. También se establece una deducción de 1.000 euros para arrendamientos de viviendas vacías, beneficiando a pequeños propietarios con contratos de al menos tres años.
Por último, se introduce una medida para compensar la subida de las cuotas de préstamos variables por el aumento del euríbor desde diciembre de 2022, con un límite de 300 euros, siempre y cuando se trate de la residencia habitual con un coste no superior a los 390.000 euros y una renta familiar per cápita que no exceda los 30.930 euros. También se amplía la deducción por arrendamiento para incluir a aquellos que tengan hasta 40 años.
La Comunidad de Madrid estima que, desde el inicio de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, se han efectivado 21 reducciones fiscales, generando un ahorro de más de 31.300 millones de euros para los madrileños. En cuanto a las nuevas medidas de vivienda y despoblación, el gobierno regional calcula que implicarán un ahorro fiscal de más de 150 millones de euros.
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