En un notable golpe a la delincuencia organizada, la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos y la prostitución coactiva en Madrid, logrando liberar a siete víctimas que eran forzadas a trabajar sin descanso, incluso en condiciones inhumanas. Estas mujeres eran sometidas a prácticas extremadamente degradantes, como la obligación de introducirse esponjas en la vagina durante su menstruación para poder satisfacer a los clientes sin problemas de higiene.

Las intervenciones policiales, llevadas a cabo en el marco de una investigación que comenzó en junio, revelaron un escenario alarmante. Los investigadores identificaron varios domicilios en los distritos de Carabanchel y Ciudad Lineal, donde se perpetraba esta explotación. En estos lugares se encontró una variedad de pruebas, que incluían dinero en efectivo, drogas, dispositivos electrónicos y cajas fuertes, lo que evidencia la magnitud y la organización de esta actividad delictiva.

Se ha documentado que estas mujeres estaban bajo un estricto control por parte de otras féminas que operaban como supervisoras de las trabajadoras, e incluso administraban sustancias estupefacientes a los clientes que así lo requerían, añadiendo una capa extra de riesgo y abuso a la situación. El entorno era igualmente opresivo, con cámaras de seguridad instaladas para vigilar tanto a las víctimas como a los espacios de descanso, lo que servía para facilitar un sistema de reprimendas a través de altavoces si las trabajadoras tardaban en cumplir con sus obligaciones, ya sea por enfermedad u otras razones.

Las condiciones a las que eran sometidas estas mujeres eran verdaderamente deplorables. Muchos de los espacios carecían de ventilación, y las víctimas no podían encender la calefacción a menos que estuvieran en las áreas donde se llevaban a cabo los servicios sexuales. Además, se enfrentaban a la presencia de plagas, como cucarachas, lo que solo agravaba su situación de ya por sí sola grave. La presión era tal que estaban obligadas a trabajar las 24 horas, sin la opción de rechazar ninguna solicitud o práctica, lo que representa una clara violación de los derechos humanos más básicos.

Cuando la demanda de clientes superaba la capacidad de los espacios habilitados, las víctimas eran forzadas a prestar servicio en condiciones aún más indignas, como en baños o cocinas. Las finanzas de esta organización delictiva se gestionaban de tal manera que, al ofrecer el servicio, los pagos podían hacerse a través de aplicaciones bancarias, lo que a menudo resultaba en la recaudación inmediata por parte de uno de los miembros de la red. En caso de dinero en efectivo, este se almacenaba en cajas fuertes que solo eran accesibles para los encargados, quienes procedían a retirar el dinero diariamente.

A principios de noviembre, el cuerpo de seguridad desplegó un dispositivo operativo y llevó a cabo registros en las viviendas implicadas, donde se incautaron equipos informáticos, cuatro teléfonos móviles, 40 gramos de cocaína fraccionada en dosis, así como marihuana, hachís, potenciadores sexuales y documentos que detallaban las actividades ilícitas de la organización.

Como resultado de estas acciones, siete personas han sido detenidas: seis mujeres y un hombre, todos ellos sospechosos de estar involucrados en delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como en delitos relacionados con la salud pública y el blanqueo de capitales. La Policía Nacional ha resaltado la importancia de la denuncia como herramienta fundamental para ayudar a las víctimas de estos crímenes, reiterando que cualquier persona que tenga conocimiento de situaciones similares debe comunicarse con las autoridades a través del número 900 10 50 90, el correo electrónico [email protected], o a través de los números de emergencias habituales, 091, o en cualquier comisaría de policía.