La reciente investigación del Grupo Parlamentario Popular ha traído a la luz la presunta mala gestión de fondos públicos relacionados con la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. En el marco de la llamada 'comisión Begoña', se ha propuesto elevar estas conclusiones a la Justicia, lo que podría tener serias implicancias para los involucrados.

Según la documentación presentada por el PP, existen indicios de un desvío de recursos públicos asignados a la Presidencia del Gobierno, destinados a la creación y funcionamiento de la mencionada cátedra. Esta plataforma académica, diseñada supuestamente para la "Transformación Social Competitiva", sería una herramienta que beneficia a Gómez gracias a un proceso que consideran irregular y acelerado.

La propuesta de dictamen ya ha sido registrada y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la comisión. En ella, se recoge la información obtenida de hasta 17 comparecientes, incluidos representantes de la Universidad Complutense y de la propia Begoña Gómez, lo que da cuenta de la magnitud de las sospechas que rodean este caso.

Desde el PP se argumenta que la creación de la cátedra no cumplió con los procedimientos establecidos por la universidad y califica el acto como una maniobra diseñada específicamente para colocar a Gómez en una posición académica que no se justifica por su experiencia ni formación.

En el foco de la controversia se encuentra también la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, a quien se le atribuye la participación en actividades que sobrepasan su función dentro del ámbito académico y que podrían interpretarse como un uso indebido de los recursos públicos para fines personales.

El Grupo Parlamentario critica que la falta de transparencia en la gestión de esta cátedra es evidente, ya que se realizaron contrataciones sin los debidos criterios académicos y se omitieron informes obligatorios que deberían dar cuenta de su uso de fondos públicos. Igualmente, se señala la irregularidad en el seguimiento de actividad y facturación, lo que llevó a la Universidad Complutense a no renovar el convenio.

En una clara declaración de intenciones, los 'populares' han subrayado que este caso ha revelado responsabilidades políticas que ameritan una respuesta contundente. Se argumenta que el uso partidista de las instituciones educativas no debe ser tolerado y que es fundamental proteger la integridad de la universidad pública.

Para prevenir situaciones similares en el futuro, el PP ha planteado recomendaciones que buscan mejorar los protocolos en la UCM, así como establecer un marco común para la creación de nuevas cátedras que involucre colaboraciones con entidades privadas. De igual manera, se sugiere el involucramiento del Ministerio Fiscal ante lo que podría ser un "ilícito penal" relativo a la gestión de fondos públicos.

Concluyendo, el Partido Popular enfatiza que lo sucedido con la cátedra de Begoña Gómez debe servir como lección para reinstaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones académicas y evitar que el prestigio de la educación pública sea comprometido por intereses personales o políticos.