El 21 de junio en Madrid, el secretario general del PSOE-M y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su falta de cooperación con el plan estatal de vivienda. López señala que Ayuso debería asignar alrededor de 80 millones de euros anuales a este proyecto, pero que, en cambio, ha destinado 1.500 millones de euros en sobrecostes al Grupo Quirón.

López argumenta que, mientras la Comunidad no tiene recursos para cumplir con el compromiso de 80 millones para vivienda, sí exhibe una sorprendente capacidad de gasto en otros sectores. El político socialista destaca que el Ejecutivo regional ha negado su capacidad de inversión en vivienda, mientras que los fondos destinados a la sanidad privada parecen abundar, lo que ha originado una contradicción en las prioridades del gobierno local.

Durante su intervención en la conferencia titulada 'Vivienda para vivir. En Europa, en Madrid', López no escatimó críticas hacia la gestión de Ayuso, a quien acusa de encarecer la vida de los madrileños. Según su análisis, la presidenta prioriza los recursos para la sanidad privada en detrimento de un sector tan crucial como la vivienda, señalando que el presupuesto actual para este último apenas alcanza los 68 millones de euros al año.

Asimismo, López denunció que Ayuso está obstaculizando la Ley de Vivienda del Gobierno central. Además, considera que su administración se ha alineado con un modelo que incentiva la especulación inmobiliaria, lo cual, a su juicio, resulta de 30 años de políticas de derecha que han marginado a los ciudadanos del mercado de viviendas, beneficiando a intereses privados.

El dirigente socialista también advirtió que en la última década, los precios de las viviendas en Madrid han aumentado considerablemente, duplicándose en muchos casos. Critica que las políticas implementadas han buscado rentabilidad en vez de asegurar el acceso a vivienda como un derecho fundamental. Señaló que la proliferación de pisos turísticos no regulados ha contribuido a esta situación y que la negativa de la Comunidad a declarar zonas tensionadas agrava el problema.

En cuanto a la construcción de viviendas, López lamentó que solo se hayan edificado 3.700 de las 25.000 prometidas por Ayuso. Sin embargo, se comprometió a hacer suya esa promesa, afirmando que de llegar al Gobierno regional en 2027, se construirían 25.000 viviendas públicas o de alquiler asequible, regularizando los precios en áreas afectadas y estableciendo un plan de rehabilitación para 150.000 viviendas por año.

En el contexto de las próximas elecciones, López se mostró decidido a implementar medidas que incluyan reservar el 30% del parque de vivienda pública para jóvenes, restringir las licencias de pisos turísticos y proteger legalmente la vivienda pública para evitar su adquisición por fondos especulativos. Además, propuso fomentar el cooperativismo en vivienda y reformar las leyes de suelo y urbanismo, transformando las viviendas de un mero negocio a un derecho efectivo para todos los ciudadanos.