Organizaciones conservadoras presentan 40.000 firmas en contra de la reforma de Leyes LGTBI y Trans ante la Asamblea
Un grupo de organizaciones LGTBI, incluyendo a Amnistía Internacional, ha entregado 40.000 firmas en la Asamblea de Madrid en oposición a la modificación de las Leyes LGBTI y Trans autonómicas propuestas por el Grupo Popular. Estas leyes, Ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y Ley 3/2016, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid, son el objetivo de los proyectos de ley presentados por el grupo parlamentario popular.
Según Amnistía Internacional y la plataforma Ni un paso atrás, estas modificaciones representarían "un grave retroceso en materia de derechos humanos". La reforma de la Ley LGTBI derogaría una veintena de artículos y cambiaría la redacción de otros cuatro, eliminando conceptos como la autodeterminación de género y la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación.
La modificación también afectaría aspectos sanitarios y eliminaría la necesidad de un informe de impacto LGTBI para las normativas de la Comunidad de Madrid, además de quitar el reconocimiento y apoyo institucional del colectivo de parte del Ejecutivo regional.
El ámbito educativo sería uno de los más afectados por estas modificaciones, con la eliminación de cinco de los veinte artículos que desarrollan el Plan integral sobre educación y diversidad, abordan el acoso escolar, incluyen la pedagogía LGTBI en los currículos, incorporan la realidad LGTBI en los planes de estudio y contemplan la formación del personal docente. Además, el régimen sancionador sería eliminado.
En cuanto a la modificación de la Ley Trans, se centra en la eliminación del concepto de identidad de género. También se eliminan los contenidos relativos a la materia en la educación, se requiere que los menores pasen por una inspección pediátrica antes de acceder al tratamiento y se deja de considerar "discriminación" la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas. También se eliminan las infracciones y sanciones contempladas actualmente en la ley.
Ante la controversia generada por estas modificaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que el colectivo LGTBI no perderá "ningún derecho" y ha desafiado a señalar "uno solo" que se les haya quitado absolutamente a nadie. Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades ha argumentado que los planes contra el acoso en las aulas madrileñas continuarán "con mayor rigor científico" y ha asegurado que no se recortarán derechos, sino que se reforzarán y mejorarán.