El compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo, donde pide que se procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. González Amador exige una condena de cuatro años de prisión, además de su inhabilitación, por un supuesto delito de revelación de secretos.

En el documento, del que se ha hecho eco Europa Press, se pide también una sanción económica de 108.000 euros y que se suspenda a García Ortiz de su cargo durante un periodo de tres años, sumando a esto la inhabilitación especial para el puesto que ocupa como fiscal general del Estado.

Asimismo, en cuanto a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien enfrenta un proceso similar, González Amador solicita una pena de tres años de prisión, la suspensión de su empleo durante dos años y una multa de 36.000 euros, además de la inhabilitación especial correspondiente.

El argumento de González Amador es que ambos funcionarios cometieron actos delictivos que han ocasionado un daño continuado en aspectos como su intimidad, protección de datos, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor. Por esta razón, solicita que se les compense con 300.000 euros por los perjuicios morales sufridos.

El escrito señala que tanto García Ortiz como Rodríguez son responsables civiles, siendo el primero el autor del delito y la segunda colaboradora necesaria. Se establece una distribución del grado de responsabilidad, asignando al fiscal general una cuota del 3/5 y a Rodríguez del 2/5.

Además, la acusación se apoya en el hecho de que García Ortiz mantiene en su poder un teléfono móvil que se considera clave para la investigación, ya que no lo ha devuelto desde que lo usó entre el 7 y el 14 de marzo de 2024. El abogado de González Amador argumenta que la retención del aparato indica que podría contener información crucial para demostrar su inocencia, sugiriendo que más bien podría reflejar actividades delictivas del fiscal.