Los recientes altercados durante una manifestación en Alcalá de Henares han sido sindicatos de tensión por unas declaraciones incendiarias que acusan al Partido Popular de manipular la opinión pública en torno a la violencia de género. Según el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, estos disturbios son consecuencia directa de una narrativa que ha estado "calentando las calles."

En un pronunciamiento contundente, Martín criticó la doble moral del PP, afirmando que la formación política guarda silencio ante las agresiones sexuales que no involucran a migrantes. Sin embargo, son rápidos en "hacer sonar las alarmas" cuando el presunto agresor tiene un trasfondo migratorio, como ocurrió recientemente con un joven maliense arrestado por un delito en Alcalá de Henares.

El delegado afirmó que en 2024 se registraron 664 agresiones sexuales con penetración en la Comunidad de Madrid, de las cuales 13 ocurrieron en Alcalá de Henares. En el primer trimestre de 2025, ya se reportaron cinco agresiones similares en la misma localidad, sin que se produjera respuesta alguna por parte de la alcaldesa o del propio Partido Popular.

Martín subrayó que el PP se manifiesta sólo cuando los perpetradores pertenecen a un grupo específico, desviando así la atención de la verdadera problemática de la violencia contra las mujeres. Durante un acto en recuerdo de una víctima en Asturias, el delegado hizo un llamado a la responsabilidad y colaboración del partido opositor en la lucha contra la violencia machista.

Además, criticó la actitud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, señalando que solo reaccionan con alertas cuando se trata de agresiones de un "varón de raza negra." Martín enfatizó que esta maniquea visión de la realidad no hace más que alimentar un discurso racista que debe ser erradicado.

La detención del sospechoso, quien al parecer estaba alojado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED), provocó una manifestación no autorizada que terminó en confrontaciones con la Policía, resultando en cuatro detenidos y numerosos identificados. Esta escalada de tensión ha suscitado condena por parte de las autoridades, que ven en estos disturbios una manipulación irresponsable y peligrosa.

El delegado del Gobierno rechazó la violencia y afirmó que estas reacciones son el resultado de "calentar las calles." Criticó la injusticia de culpar a un colectivo entero por las acciones de un individuo, insistiendo en la importancia de un enfoque equitativo en la persecución del delito, sin discriminar por nacionalidades o razas.

En respuesta a preguntas sobre el impacto en el centro de atención, Martín aseguró que el CAED opera con normalidad y que las situaciones específicas son siempre manejadas por las autoridades competentes, indiferentemente de la nacionalidad del infractor. Afirmó que la ley debe aplicarse a todos por igual, sin permitir que un incidente manche la reputación de un grupo completo.

Finalmente, Martín se refirió a las informaciones sobre el número de internos en el CAED, aclarando que, si bien la capacidad máxima es de 1.700 personas, la ocupación actual es mucho menor. Defendió la transparencia en la gestión del centro, en un intento de contrastar la situación con la opacidad que, según él, rodea a otros centros de menores bajo la tutela del Gobierno regional.