En una noticia reciente desde Madrid, el conocido productor musical Nacho Cano ha decidido emprender acciones legales contra la jueza Inmaculada Iglesias, acusándola de un posible delito de prevaricación. Esta querella surge en el contexto de una investigación que la magistrada llevó a cabo respecto a su espectáculo 'Malinche'.

Según el documento judicial obtenido por Europa Press, Cano solicita que la jueza sea considerada querellada por este delito, que puede conllevar desde una multa de doce a veinticuatro meses, así como una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante un periodo que varía entre diez y veinte años.

La querella incluye una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo, quien elaboró un informe crucial tras una inspección realizada el 27 de junio de 2024, que acabó contribuyendo a que el caso se archivara en su momento.

Este paso legal se produce algunos meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera archivar de manera provisional el caso al considerar que no había pruebas suficientes para sostener que los ciudadanos mexicanos que viajaron a España para participar en el musical lo hicieran de manera clandestina.

Los magistrados concluyeron que, a partir de las pruebas recopiladas, no existieron indicios suficientes que acreditaran la comisión de delitos relacionados con los derechos laborales ni con los derechos de los extranjeros. Además, afirmaron que la cuestión de cumplir los requerimientos administrativos debería ser objeto de análisis en otra jurisdicción, lo que implicaría una investigación que no correspondía al juzgado actual.

En el escrito presentado, la defensa de Cano argumenta que el atestado policial que dio origen al caso estuvo construido sobre bases erróneas, tales como la incorrecta interpretación de la legislación vigente y la errónea consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales.

Los abogados enfatizan que, a raíz de estas premisas incorrectas, se generó un atestado lleno de irregularidades y actuaciones policiales, cuyo único objetivo, según indican, sería la detención de Cano.

Adicionalmente, los letrados apuntan que han recibido múltiples denuncias relacionadas con estos procedimientos, que incluyen alegaciones de coacciones y amenazas, así como la falsificación del atestado policial. Subrayan que estas irregularidades plantean un serio delito contra la administración de justicia y requieren una instrucción conjunta, pero la jueza no accedió a las solicitudes de inhibición presentadas por los juzgados que recibieron estas quejas.

La defensa también ha señalado que se encuentran con serias dificultades para garantizar su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, ya que enfrentan constantes negativas para acceder y ejecutar las diligencias probatorias que consideran necesarias para el caso. Asimismo, afirman que hay una evidente parcialidad por parte de la jueza, quien es objeto de esta querella.