En una clara señal de descontento, el grupo político Más Madrid ha instado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a que demuestren un verdadero compromiso político para abordar los pisos turísticos ilegales que proliferan por Madrid y otros municipios cercanos. Hernán Bustinduy, Ministro de Consumo, se ha ofrecido a colaborar en la erradicación de esta problemática que ha estado causando un fuerte descontento social.

El reclamo fue evidente en un evento realizado este lunes en el barrio de Palos de Moguer, donde la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, junto a Rita Maestre, esposa del grupo municipal, y el propio Bustinduy, realizaron un recorrido para documentar la situación alarmante respecto a propiedades que operan sin las debidas autorizaciones.

Maestre subrayó la magnitud del problema, reportando que en un sector relativamente pequeño de la capital se han identificado más de 118 pisos turísticos ilegales, todos ellos operando sin control alguno por parte del Consistorio. La portavoz cotejó esta situación con la inconveniencia de imaginar que en Madrid existieran tantas farmacias o restaurantes sin licencias.

En un tono crítico, la líder de la oposición mencionó que el número de 15.000 hoteles ilegales que están activos sin ninguna supervisión es inaceptable. Recordó que una vez estas zonas estuvieron habitadas por familias y trabajadores, y en cambio, ahora se han convertido en alojamientos para turistas que carecen de cualquier tipo de inspección.

Frente a esta inacción, Maestre ha reclamado el cierre urgente de estos establecimientos ilícitos, advirtiendo que su formación ha denunciado al Gobierno municipal ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación por no actuar a pesar de conocer la existencia de estas actividades irregulares.

La portavoz también abogó por la implementación de la nueva Ley estatal de Vivienda, argumentando que podría mitigar la crisis habitacional que afecta a la ciudad. Destacó la necesidad de establecer márgenes para el precio de los alquileres y de fomentar la oferta de vivienda, subrayando que en poco tiempo, los precios en Madrid se han duplicado.

Por su parte, Bergerot enfatizó las políticas del Ministerio de Consumo como ejemplos a seguir ante lo que calificó como la inacción del Gobierno regional. Aseguró que el problema de los pisos turísticos ilegales no solo afecta a Madrid, sino que se está extendiendo a localidades cercanas, impactando negativamente en el mercado inmobiliario y los precios de la vivienda.

En un giro hacia la transparencia, la portavoz solicitó a Ayuso que se establezca un registro regional de alojamientos turísticos que sea accesible para el público, para que se conozca la verdadera naturaleza de su funcionamiento y se asegure que operen dentro de la legalidad.

Bustinduy, en su intervención, recordó que su ministerio ya había enviado documentación que evidencia la existencia de estos pisos ilegales, lamentando la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento. Criticó la total inoperancia de las administraciones y continuó asegurando que es inaceptable que no se tomen medidas efectivas frente a esta situación.

El Ministro también cuestionó a Almeida por centrar sus esfuerzos en criticar al Gobierno nacional en lugar de resolver los problemas locales. Instó a todas las administraciones a seguir su ejemplo y retirar la publicidad de estos pisos turísticos irregulares.

Finalmente, Bustinduy reafirmó la disposición del Ministerio de Consumo para actuar enérgicamente en esta crisis de vivienda, recordando que se están llevando a cabo expedientes sancionadores en la materia. Hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien prácticas abusivas y fraudulentas, subrayando la necesidad de proteger el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

Con la presión social en aumento, el ministro instó al Gobierno municipal a tomar medidas concretas y a implementar un plan de inspección que gestione el cierre de los alojamientos ilegales lo antes posible, afirmando que no puede haber consideración especial cuando se trata de la legalidad y el bienestar de la comunidad.