En Madrid el partido político Más Madrid ha solicitado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, un cambio radical en las políticas de vivienda de la región, incluyendo el establecimiento de precios máximos de alquiler. Han instado al Partido Popular a reconocer y disculparse por su apoyo a la especulación inmobiliaria durante los últimos 30 años en Madrid.

Las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Rita Maestre y Manuela Bergerot, han expresado estas demandas durante su participación en la manifestación 'La vivienda es un derecho, no un negocio', donde han pedido medidas valientes al Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez.

Maestre ha señalado que este día marca un punto de inflexión para cambiar las políticas de vivienda que han llevado a una nueva crisis en Madrid y en toda España. Ha denunciado la alta concentración de propiedades en manos de grandes propietarios y cómo los alquileres benefician a unos pocos a costa de la mayoría.

La edil madrileña ha insistido en que el problema no radica en los pequeños propietarios, sino en la especulación, y llamó a poner fin a la acción de los especuladores en la región. Criticó al gobierno local por favorecer a fondos buitre, grandes tenedores y entidades financieras en busca de lucro a expensas de los ciudadanos.

Asimismo, ha destacado la necesidad de políticas públicas de vivienda, la creación de viviendas públicas y la regulación de precios de alquiler para detener el enriquecimiento injusto a expensas de los trabajadores. Ha pedido al Partido Popular que reconozca y pida perdón por sus acciones que han perjudicado a la población madrileña.

Las portavoces han resaltado la importancia de la manifestación como un hito político en Madrid y como un llamado a detener la especulación y la subida descontrolada de precios en el mercado inmobiliario. Exigen un cambio total en las políticas actuales y la clausura de pisos turísticos ilegales en la región.

En conclusión, Más Madrid ha instado a la ministra de Vivienda a tomar nota de las demandas y a implementar políticas valientes que garanticen el derecho a la vivienda sin fines de lucro. Han enfatizado que la vivienda no debe considerarse como una mercancía más, sino como un derecho fundamental que debe protegerse para el beneficio de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos privilegiados.