La formación Más Madrid ha decidido llevar ante la Fiscalía al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, acusándolo de inacción frente a la creciente amenaza que suponen los pisos turísticos ilegales en la capital española. Esta crítica se basa en la percepción de un consentimiento tácito por parte del Ayuntamiento en lo que respecta a la proliferación de hoteles no autorizados.

El anuncio fue realizado en una rueda de prensa desde el edificio de grupos municipales, donde se especificó que la denuncia formal se presentará la próxima semana con el objetivo de exigir tanto responsabilidades políticas como técnicas. La portavoz de Más Madrid subrayó que la crisis de vivienda en Madrid tiene características de urgencia extrema.

La crítica se centra en la falta de acción de ambos gobiernos –el de la Comunidad y el del Ayuntamiento– que, según la oposición, poseen competencias exclusivas en esta área. Sin embargo, han adoptado una postura de desinterés, delegando la responsabilidad a las fuerzas del mercado para resolver la cuestión, lo que consideran un error grave.

Maestre señaló que desde el inicio del mandato de Almeida se han contabilizado más de 15.000 pisos turísticos ilegales en la capital. La situación ha ido en aumento, y cada día aparecen nuevos casos que se suman a esta irregularidad que parece operar sin control en Madrid.

El acto de denuncia por parte de la comunidad local ha sido significativo, con un esfuerzo colectivo para identificar los alojamientos ilegales. A pesar de que el Ministerio de Consumo ha facilitado información relevante al alcalde, la respuesta ha sido una clara falta de acción, calificada por Más Madrid como un consentimiento intencionado hacia la ilegalidad.

La líder de la oposición en el Ayuntamiento recordó que el artículo 320 del Código Penal establece claramente que la omisión de inspecciones obligatorias por parte de un funcionario público podría constituir un delito de prevaricación. Esto implica que no solo se ignora el problema, sino que estar inactivo ante él podría ser considerado un acto delictivo.

Maestre denuncia que el Ayuntamiento ha hecho de la falta de acción una norma, negando la existencia del problema durante años. Ahora argumentan no tener competencias ni recursos, o afirman que la responsabilidad recae en otros, algo que ella considera inaceptable.

El equipo legal de Más Madrid ha indicado que existen motivos para sospechar de un posible delito de prevaricación y recalcaron que la responsabilidad del Consistorio es hacer cumplir la normativa vigente. Esperan que la Fiscalía actúe rápidamente una vez presentada la denuncia.

La formación también se ha comprometido a luchar para que el derecho a la vivienda, recogido en la Constitución, se materialice y no se convierta en un mero formalismo. Además, han denunciado que situaciones de acoso inmobiliario han generado un sufrimiento considerable entre los vecinos de ciertas zonas, como en la calle Tribulete, y que esta situación está siendo tolerada por el Ayuntamiento.