La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la organización Arcópoli que rectifique ciertos defectos de presentación en su informe, destacando específicamente problemas de "forma y de maquetación".

En una reciente rueda de prensa, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, exigió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que destituyera a la consejera Ana Dávila. Esta demanda surgió después de que Arcópoli denunciara presiones y limitaciones en la publicación del 'Informe Anual de Incidentes de Odio motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid'.

Bergerot anunció que, además de pedir el cese de Dávila, han presentado una iniciativa para "reprobar" al consejera por lo que califican como un "escándalo". La líder de Más Madrid subrayó la gravedad de la situación y planteó la necesidad de responsabilidades.

Un comunicado de Arcópoli, publicado el pasado sábado, puso de relieve que durante las últimas semanas había recibido advertencias de la administración que, según ellos, se acercan a ser una amenaza y fomentan un ambiente de presión. La organización criticó la falta de libertades para expresar sus opiniones sobre la actual política LGTBI y las reformas recientes que, según ellos, dejan a las víctimas más desprotegidas.

Por su parte, la Consejería defendió su actuación, argumentando que su petición a Arcópoli se refería únicamente a defectos técnicos en el informe y al hecho de que este debe basarse en datos objetivos, dado que reciben financiación pública para su realización. Se subrayó que la inclusión de valoraciones subjetivas no era aceptable.

Bergerot acusó a la Consejería de intentar "censurar" el informe al señalar las consecuencias negativas de las reformas legales en el ámbito LGTBI y Trans. En respuesta, presentó una propuesta para asegurar que el Gobierno de Ayuso no obstaculice la publicación de estos informes y que se eliminen cláusulas que limiten la libertad de expresión en futuras subvenciones.

La portavoz de Más Madrid considera que es intolerable el uso de los criterios de subvención para influir en el trabajo de organizaciones sociales, especialmente en un contexto donde se han duplicado las agresiones LGTBIfóbicas.

En contraposición, el portavoz adjunto del PP, Rafael Núñez, defendió la postura del Ejecutivo regional, afirmando que su solicitud a Arcópoli solo busca la corrección de errores de forma en el informe y descartando cualquier duda sobre el compromiso social de la Consejería con el colectivo LGTBI.

Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Parlamento, expresó su rechazo a las acciones del Gobierno regional, señalando que son un retroceso en los derechos LGTBI en comparación con otras comunidades del país. Espinar instó al Gobierno de Ayuso a dialogar con las organizaciones sociales y a trabajar en un modelo educativo que promueva la diversidad y el respeto entre las generaciones futuras.