Un nuevo escándalo se cierne sobre la administración de Madrid, ya que el partido opositor Más Madrid ha decidido llevar ante la Fiscalía un caso que podría implicar serias irregularidades en el manejo de los pisos turísticos ilegales en la ciudad. En este sentido, la portavoz de la formación, Rita Maestre, ha exigido una investigación al Gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida, al que acusan de permitir durante cinco años esta situación.

En una rueda de prensa, Maestre fue contundente al asegurar que es hora de poner fin a la impunidad que rodea a las viviendas de uso turístico que operan sin la debida licencia. Señaló que la falta de acción por parte delConsistorio podría constituir un delito de prevaricación, según lo estipulado en el Código Penal. Explicó que los funcionarios y políticos tienen la obligación de actuar ante ilegalidades que conocen, y este caso no parece ser una excepción.

La líder de la oposición presentó un argumento firme al mencionar que las autoridades municipales ya tienen suficiente información de asociaciones vecinales y otros organismos para cerrar estos pisos turísticos ilegales de forma inmediata. La comparación de la situación con la hipotética existencia de clínicas dentales o farmacias sin licencia resuena con claridad: no se permitiría tal descontrol en otros sectores, por lo que la inacción del Ayuntamiento resulta inaceptable.

Maestre destacó que, a pesar de que sólo 200 pisos ilegales han sido cerrados, la cifra de nuevos negocios que han abierto asciende a 2,500, lo que demuestra que la respuesta del Gobierno es completamente insuficiente para frenar esta actividad ilícita.

Además, la portavoz de Más Madrid también ha lanzado serias acusaciones hacia Airbnb, al calificar a la plataforma de ser coautora de un posible delito contra los consumidores. Aseguró que la compañía no solo está facilitando la publicidad de estos pisos ilegales sin licencia, sino que, según la normativa europea y local, esto representa una violación a la regulación que debería proteger a los ciudadanos.

Las declaraciones de Maestre apuntan a una falta de confianza en las instituciones públicas, al permitir que operaciones ilegales continúen con su actividad sin un control adecuado. Por último, la portavoz hizo un llamado a la Fiscalía para que actúe de manera urgente y confirme la gravedad de la situación, indicando que el deber de las administraciones es intervenir sin demora para corregir estas irregularidades.