La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido convocada por un juzgado de Madrid a un acto de conciliación con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en relación a una reclamación de 40.000 euros por unas declaraciones realizadas por Montero durante una sesión de control al Gobierno en el Senado.

Montero había pedido explicaciones a Ayuso sobre el lugar donde reside, insinuando que había sido adquirido de forma fraudulenta, mencionando incluso presuntos vínculos de sus familiares con casos de fraude. Estas declaraciones provocaron la reacción de González Amador, que ha decidido tomar acciones legales.

Las acusaciones se enmarcan en una denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por presunto fraude fiscal, y en informaciones que apuntaban a que la residencia de Ayuso se pagó mientras se investigaba a su pareja. Sin embargo, en ningún momento se afirmó que el apartamento se hubiese financiado con dinero defraudado, lo que llevó a la demanda por intromisión en el honor e intimidad.

El acto de conciliación es el primer paso antes de iniciar una demanda formal por parte de González Amador, aunque existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para poner fin al litigio. El equipo jurídico de la pareja de Ayuso ya había anunciado que preparaba una querella por revelación de secretos contra Montero, después de que se hicieran públicos algunos de sus datos fiscales.

En medio de estas disputas legales, Ayuso ha denunciado que su pareja está siendo objeto de un acoso por parte del Estado con el objetivo de destruirlo personalmente. Esta situación ha generado tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en un contexto político ya de por sí crispado.