El Gobierno pretende "trasladar los problemas" del ingreso mínimo vital a las oficinas de empleo regionales, lo cual ha generado críticas.

En Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha solicitado más fondos europeos debido al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), el coste laboral y el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Tras su participación en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Albert ha expresado su descontento con el reparto del 70% de los fondos para políticas activas, que considera insuficiente dada la situación actual.

Para la consejera, los incrementos en el SMI, el coste laboral y el IPC deben reflejarse en el reparto de fondos para poder cumplir los objetivos establecidos.

Albert ha señalado que el Ministerio ha prometido tener en cuenta estos aspectos en los Centros Especiales de Empleo, pero no en otros ámbitos.

Además, Madrid y otras regiones han solicitado la retirada de un punto consultivo sobre un Real Decreto relacionado con los Servicios de Empleo, considerando que la información llegó tarde y plantea problemas de competencia sobre la gestión del ingreso mínimo vital.

En conclusión, la consejera ha insistido en que el Ejecutivo central no puede transferir a las regiones un problema que ha afectado a las oficinas estatales, rechazando la idea de asumir esta responsabilidad.