La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha tomado una firme posición al ausentarse de la Conferencia Sectorial de Infancia realizada este jueves. Este encuentro tenía como objetivo discutir la distribución de más de 4.000 menores migrantes no acompañados, en su mayoría provenientes de Canarias. Dávila ha argumentado que no se puede ser parte de un proceso que considera "inconstitucional e inhumano".

En un comunicado a la prensa, Dávila manifestó que el encuentro fue convocado de manera "ilegal" y denunció que el Gobierno ha perdido "el quórum institucional, la razón y la decencia". Ha enfatizado que el manejo de esta situación no debe hacerse "a golpe de decreto" ni tratar a los menores como si fueran mercancía, una crítica contundente a las acciones del ejecutivo.

La consejera también ha destacado las desigualdades en el reparto de menores entre comunidades. Recientemente, se reportó que la Comunidad de Madrid sería la segunda en recibir la mayor cantidad de menores, con un total de 647, sólo detrás de Andalucía que acogería 677. En contraste, tanto el País Vasco como Cataluña no recibirían a nadie, aunque esta última ofreció de forma voluntaria acoger a 31 menores.

Dávila ha afirmado que el gobierno está jugando "con la vida de menores a cambio de votos", excluyendo arbitrariamente a Cataluña y al País Vasco de este reparto. Considera que esta situación es parte de un "chantaje político" que el presidente Pedro Sánchez debe afrontar, cediendo a las presiones independentistas para mantenerse en el poder un día más.

La decisión de la Comunidad de Madrid de no asistir a la reunión fue anticipada cuando las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anunciaron su falta de participación, tildando el reparto de "ilegal" y reafirmando su desacuerdo con la forma en que se maneja esta problemática.