La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha expresado su firme oposición a la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez. En sus declaraciones, ha instado a que se lleve a cabo una negociación multilateral para la financiación autonómica, destacando la necesidad de evitar un trato preferencial hacia Cataluña. Esta postura refuerza la preocupación de Madrid por mantener la equidad en la distribución de recursos entre las comunidades autónomas.

Desde San Lorenzo de El Escorial, Albert enfatizó que todas las comunidades autónomas han venido solicitando una revisión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consejera subrayó la importancia de establecer una nueva financiación que garantice los recursos necesarios para que cada región pueda cumplir con su responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad. La demanda de un sistema más justo y accesible fue clara en su discurso.

En este contexto, Albert propuso la creación de un fondo más simplificado que incluya a todas las comunidades sin dar un trato preferencial a Cataluña. Afirmó que las reglas deberían ser uniformes y que los principios de solidaridad y equidad interterritorial, tal como establece la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, deben primar. Esta llamada a la igualdad busca reforzar el sentido de justicia en la financiación regional.

Además, la consejera hizo un llamado a eliminar los topes establecidos al fondo de la competitividad, argumentando que desde la no liquidación total de dicho fondo a la Comunidad de Madrid, se han dejado de percibir más de 9.000 millones de euros. Este monto, según Albert, podría haber contribuido significativamente a la mejora de los servicios públicos en la región, beneficiando a todos los madrileños.

En relación a la política fiscal del actual Gobierno, Albert contrasta las 30 reducciones de impuestos implementadas en la Comunidad de Madrid con las 93 subidas de impuestos que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La consejera advirtió que estas subidas fiscales tendrán un impacto negativo sobre los trabajadores y la economía en general.

La consejera argumentó que un porcentaje de estos aumentos de impuestos afecta directamente a los costes laborales, lo que podría desincentivar a la gente a incorporarse al mercado laboral. También hizo hincapié en que estas imposiciones afectarían a los bancos, repercutiendo finalmente en los consumidores, así como a las empresas energéticas, repercutiendo en el precio de productos básicos. Albert cerró su discurso manifestando su preocupación por las consecuencias que estos aumentos fiscales y el continuo gasto público descontrolado tendrán en la economía de los ciudadanos, particularmente en los costos de la cesta de la compra.