Madrid considera sanciones de hasta 100.000 euros para protestas sin permiso en su nueva ley universitaria.

Una nueva propuesta legislativa en la comunidad de Madrid está generando un amplio debate al establecer sanciones severas para quienes coloquen pancartas en el campus universitario sin la correspondiente autorización. Según el proyecto de ley en discusión, las multas podrían ascender a los 15.000 euros, mientras que las infracciones más graves podrían llegar hasta los 100.000 euros.
El borrador de esta legislación, que ha sido filtrado a medios de comunicación como 'El País' y revisado por Europa Press, contempla penalizaciones por actos como manifestaciones no autorizadas que interfieran con aquellas que sí han sido aprobadas o comunicadas adecuadamente. Además, se sancionaría a quienes permitan la ocupación de espacios del campus o impidan el acceso y uso de instalaciones universitarias por parte de estudiantes o personal autorizado.
Entre las diversas infracciones que se describen en el proyecto, se destacan sanciones que van de los 300 hasta los 15.000 euros por la instalación de carteles o símbolos sin la debida autorización. También se sancionará a quienes retiren pancartas que hayan obtenido el visto bueno correspondiente.
La normativa establece hasta una docena de conductas consideradas como infracciones muy graves, las cuales incluyen no garantizar la pluralidad y el derecho a la libertad de expresión y de cátedra en el campus. Las multas por estas infracciones podrían variar desde los 100.000 euros hasta un millón, dependiendo de la magnitud de la falta.
De acuerdo al texto, se considera una infracción grave ejercer o fomentar, ya sea de manera activa o pasiva, cualquier tipo de censura o discriminación basada en razones de carácter personal o social. También se penalizará la obstrucción a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito universitario, destacando así la importancia de mantener el orden y la seguridad en estos espacios educativos.
La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) ha sido objeto de intensas negociaciones entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los rectores de las seis universidades públicas de la región, siendo un tema que ha suscitado controversias y opiniones divididas en la comunidad educativa.
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