En Madrid, el pasado 11 de abril, la Audiencia Provincial ha emitido una sentencia condenatoria contra Isabel Peralta, líder del grupo de extrema derecha Bastión Frontal, a un año de prisión. Esta decisión se deriva de los pronunciamientos de Peralta durante una manifestación en mayo de 2021 frente a la Embajada de Marruecos, donde instó a la lucha contra la inmigración, lo que fue considerado un delito de odio.

La sentencia, accesible a través de Europa Press, establece que Peralta es criminalmente responsable de provocar la discriminación y el odio, por lo que no solo se enfrenta a un año de cárcel, sino también a una inhabilitación que le impide ejercer el derecho de sufragio pasivo. Asimismo, se le impone una multa de seis meses, con un costo diario de seis euros.

Durante el juicio realizado la semana pasada, Peralta defendió que sus palabras eran parte de un "mensaje político" dirigido a las autoridades marroquíes y españolas, quienes, según ella, no actuaron adecuadamente ante un asalto masivo a la frontera que ocurrió en ese periodo, relacionado con tensiones diplomáticas entre ambos países.

Los hechos constatados durante la protesta reflejan que Peralta se unió a otros manifestantes en corear lemas como "No es inmigración, es una invasión" y "Contra el Islam, lucha radical", mientras que los presentes aplaudían y proferían gritos como "España cristiana y no musulmana", sosteniendo banderas del grupo.

Los magistrados argumentan que los eventos descritos en la sentencia constituyen un ataque a los derechos fundamentales y una provocación a la discriminación y el odio, evidenciando la seriedad de las intenciones de Peralta. Además, consideran que su discurso, que recuerda enfrentamientos históricos, culmina en un llamamiento a resistir y luchar, enfatizando con la frase "¡Muerte al invasor!".

La Sala resalta que no importa si otros grupos también realizaron protestas en la misma ubicación, ya que la culpabilidad radica en las declaraciones hechas durante la concentración. Se enfatiza que no se penaliza la participación en la manifestación, sino las expresiones que allí se emitieron.

Las palabras de Peralta son consideradas lo suficientemente expresivas como para no requerir interpretación adicional sobre su contenido despectivo y amenazador. Se argumenta que tales expresiones demuestran claramente su intención de menoscabar la dignidad de las personas a las que se refería.

El fiscal había solicitado inicialmente una pena de 42 meses de prisión para Peralta, señalando que sus comentarios alentaban la violencia y la hostilidad hacia los colectivos marroquíes y musulmanes, acusándola de fomentar un clima de tensión social.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, los pronunciamientos de Peralta han causado una gran inquietud y un efecto adverse entre las comunidades migrantes y las personas de fe islámica, constituyendo un ataque directo contra la dignidad de estos grupos a través de la propagación de prejuicios y estereotipos negativos.