Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que altos funcionarios de Moncloa estaban al tanto de un email relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de que este fuera publicado en los medios de comunicación. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre el manejo de información sensible y la posible intervención de figuras destacadas del socialismo madrileño.

Los investigadores han identificado a varios personajes clave que, según la UCO, tuvieron conocimiento de este email antes de su divulgación pública. Entre ellos se encuentran Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid; Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa; Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda, y Ion Antolín, ex director de comunicación del PSOE y actual secretario de Estado en el mismo ámbito.

Esta información fue entregada al juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un proceso por la presunta revelación de secretos, impulsado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta. En el detallado oficio de 32 páginas, se analiza la dinámica en torno al teléfono móvil de Lobato, el cual entregó de manera voluntaria después de ser llamado a declarar como testigo el pasado 29 de noviembre, en el contexto de unas acusaciones que giran en torno a la carta que la defensa de González Amador remitió a la Fiscalía de Madrid.

En este sentido, la UCO sostiene que el email completo entre el abogado de González Amador y la Fiscalía aún no había sido divulgado en los medios cuando ya había llegado a manos de Sánchez Acera. Este hecho lleva a los agentes a concluir que la fuente de la información no pudo haber sido una publicación mediática. Se subraya además que no se trató de un simple enlace a una noticia online, sino de una captura de pantalla del email que fue remitida a Lobato.

Los documentos revelan que Sánchez Acera habría avisado a Lobato sobre el inminente envío del email, indicando que este iba a ser publicado antes de que su destinatario compareciera públicamente. Esto plantea dudas sobre cómo se gestionó la información y su acceso por parte de ciertos funcionarios antes de su difusión general.

En una interacción posterior, Lobato indagó a Sánchez Acera acerca de si el correo ya se encontraba disponible en los medios. La respuesta de ella fue que el email había llegado y también era conocido por los medios de comunicación. Estos diálogos demuestran la preocupación de Lobato por dar explicaciones sobre la obtención del email, ya que una interpretación negativa sobre su acceso a esta información podría comprometer su reputación y credibilidad.

La UCO también ha indicado que, en paralelo a sus comunicaciones con Sánchez Acera, Lobato formuló la misma pregunta a Vallés, quien, aunque no respondió de inmediato, posteriormente le envió un enlace a un artículo en el que se abordaba el contenido del email. Esta interacción sugiere que Vallés estaba al corriente de la situación, lo que amplía las implicaciones sobre el conocimiento de los socialistas madrileños respecto a la filtración del email.

El informe destaca que existían chats de grupo en los que se discutían estos asuntos, y que incluso otros altos funcionarios del PSOE y de la administración estatal también estaban al tanto del email y de un posible manejo estratégico de su publicación. Este intercambio de información se produce en un contexto donde el mismo Vallés advertía a Lobato que debía estar alerta, sugiriendo que la situación podría agravar con el tiempo.

Esta revelación se inserta en el contexto de una investigación mayor que el Tribunal Supremo abrió tras la presentación de una querella por parte de González Amador, en relación a una nota de prensa emitida por la Fiscalía. La misma informaba sobre la correspondencia entre su defensa y la justicia, una situación que ha generado considerable revuelo mediático y político, especialmente al cuestionar la veracidad de los relatos sobre las intenciones de la Fiscalía y posibles pactos.

Si bien el Tribunal Supremo dictó que la información ofrecida en la nota de prensa no constituía delito, el foco se ha centrado en la forma en la que se filtró información sensible a los medios, lo que ha llevado a un mayor examen sobre la ética y las prácticas de comunicación en el entorno político español.