MADRID, 10 de abril.

Este jueves, Alberto González Amador será interrogado por la jueza Inmacula Iglesias en calidad de investigado. Este procedimiento forma parte de una investigación separada que analiza posibles delitos relacionados con corrupción en el ámbito empresarial, distintos a las acusaciones de fraude fiscal que se están tratando en el caso principal.

La citación se produce tras la validación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la investigación, la cual fue solicitada por la acusación popular que representa a los partidos PSOE y Más Madrid y busca arrojar luz sobre los hechos en cuestión.

González Amador ya compareció ante la magistrada el 24 de febrero, aunque optó por no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, argumentando que había un recurso pendiente que podría afectar a los delitos fiscales que se investigan en la causa principal.

Los magistrados consideran que en esta fase del proceso es pertinente llevar a cabo la investigación para determinar si los hechos investigados en la pieza separada podrían constituir un delito.

Los jueces han indicado que las operaciones comerciales y legales realizadas deben ser esclarecidas a través de la investigación, que determinará la gravedad de las acusaciones.

En octubre, la jueza decidió abrir una investigación distinta en relación con el supuesto uso de una sociedad instrumental para encubrir ingresos que el Grupo Quirón debía haber declarado. Esto fue resultado de una reforma parcial aceptada en respuesta a un recurso presentado por PSOE y Más Madrid.

La nueva pieza se centra en investigar la posible comisión de delitos asociados con la utilización de Masterman S.L., una sociedad instrumental, en el contexto de un contrato de servicios entre Maxwell Cremona S.L., la empresa de González Amador, y Quirón Prevención S.L.

La resolución judicial examina si los eventos vinculados a Masterman S.L. para ocultar ingresos no declarados pueden calificar como delitos adicionales que requieren investigación.

La acusación popular sostiene que lo que podría parecer un negocio simulado puede encerrar prácticas de administración desleal, así como potenciales delitos de corrupción, según la valoración del Abogado del Estado, considerando el pago de casi 500.000 euros por participaciones de Masterman S.L., asociadas a la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Además, se sugiere que este monto podría estar relacionado con la adjudicación de contratos a Maxwell y posteriormente a Masterman por Quirón Prevención, o incluso con una contraprestación derivada de operaciones donde Maxwell actuó como intermediario, permitiendo que MAPE Asesores adquiriera productos sanitarios de compañías como FCS Products, SL e Inteconn, INC. Estas transacciones generaron facturas por un total de 2.021.900 euros en el año 2020.