El empresario Alberto González Amador compareció ayer ante la jueza Inmaculada Iglesias para aclarar su situación financiera respecto a los ingresos recibidos de Quirón Prevención. Durante su declaración, que se extendió por más de dos horas, González Amador aseguró haber presentado toda la documentación necesaria de manera transparente y recalcar que no ha intentado esconder sus ganancias a través de ninguna sociedad instrumental, según informaron fuentes cercanas al caso.

Esta declaración forma parte de una investigación abierta en octubre sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción empresarial y la administración desleal, distintos de los cargos de fraude fiscal que se abordan en la principal causa judicial. La cuenta de González Amador ante la jueza es la primera desde que se dieron a conocer estas acusaciones.

La investigación está respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid, que dio luz verde a las indagaciones impulsadas por el PSOE y Más Madrid, quienes actúan como acusación popular. Este contexto hizo que la declaración adquiriera una relevancia especial, dado el interés público que ha generado el caso.

En su intervención, González Amador defendió la legalidad de sus operaciones y rechazó las acusaciones de ocultamiento de ingresos. Aclaró que nunca recibió solicitudes de la Agencia Tributaria para presentar los contratos de la empresa 'Círculo de Belleza', la cual fue adquirida por un monto de medio millón de euros en una transacción que ha despertado cuestionamientos.

En un giro interesante, el empresario optó por responder únicamente a las preguntas de la magistrada y de su defensa, evitando interactuar con las acusaciones, a pesar de la insistencia de los representantes del PSOE y Más Madrid. Esto generó una solicitud de su defensa para que estas partes fueran retiradas del proceso judicial al considerar que afectan su derecho a un juicio justo.

González Amador ya había sido citado anteriormente, el pasado 24 de febrero, aunque en esa ocasión decidió no declarar al estar en juego su defensa en dos delitos fiscales. La misma corte había determinado que era necesario continuar con la pesquisa para dilucidar la naturaleza de los hechos en cuestión en relación con la pieza separada que se investiga.

La magistrada Inmaculada Iglesias tuvo que abrir esta pieza separada después de evaluar un recurso interpuesto por las fuerzas políticas mencionadas, acabando así con los intentos de la defensa de desestimar las investigaciones. Este nuevo caso se centra especialmente en el uso presunto de una sociedad instrumental denominada Masterman S.L., en operaciones que podrían haber buscado ocultar ingresos que, en teoría, deberían haber sido informados a la administración tributaria.

El enfoque de la acusación popular es claro: detrás de la supuesta transacción podría haber indicios de administración desleal, y posiblemente también de corrupción. Esto se debe a que el valor de la transacción por la que se adquirieron las participaciones de Masterman S.L. supera los 500.000 euros, una cantidad que despierta sospechas sobre posibles irregularidades en las adjudicaciones de contratos relacionadas con Quirón Prevención.

El análisis de la situación se centra en dilucidar si la utilización de esta sociedad para ocultar ingresos puede suponer la comisión de delitos adicionales, dejando al descubierto las complejidades de las operaciones económicas y la necesidad de continuar con la investigación hasta esclarecer todos los pormenores del caso.