El empresario Alberto González Amador se enfrentará el próximo lunes a un proceso judicial en calidad de investigado por presunto fraude fiscal, acusado de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil según la Fiscalía de Madrid.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Maximiliano N. para el 20 de mayo, en el marco de las investigaciones que involucran a Alberto G. A. y otros cuatro individuos. Además, tres personas más serán interrogadas el martes en relación al mismo caso penal.

La pesquisa se enfoca en indicios delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, así como un presunto delito de falsificación de documentos mercantiles al presentar facturas que no corresponden a servicios reales, con el objetivo de reducir la cantidad tributaria a pagar.

Según el auto de apertura de diligencias, se estima que como resultado de estas acciones fraudulentas, el contribuyente dejó de abonar a la Hacienda Pública estatal 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195.951 euros en el de 2021.

Estos actos están tipificados como delitos penados por el artículo 305.1 del Código Penal en concurso con falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del mismo código.

La pareja de Ayuso será interrogada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite su querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por revelación de secretos en relación a la información difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal del caso.

En este caso, se ha citado a las partes el 24 de mayo para ratificar las querellas y se busca identificar al responsable fiscal que autorizó la difusión del comunicado en cuestión.

En relación a la investigación sobre la pareja de Ayuso, la Fiscalía inició una pesquisa a raíz de un aviso de la Agencia Tributaria sobre un presunto fraude fiscal detectado en una investigación que involucraba "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

El informe recibido por la Fiscalía el 22 de enero detalla que existirían dos delitos contra la Hacienda Pública, con un fraude tributario superior a 120.000 euros y un delito de falsedad en documento mercantil al presentar facturas ficticias para reducir la cuota impositiva.

La Fiscalía decidió abrir diligencias de investigación el 23 de enero a partir de este informe, que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según la acusación, la dirección de la empresa señalada estaba a cargo de Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, y la Agencia Tributaria comenzó sus investigaciones el 12 de mayo de 2022.

En el transcurso de las investigaciones sobre el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 de la empresa, se encontró que esta llevó a cabo acciones para eludir impuestos, con el objetivo de reducir su tributación ante el aumento de su volumen de negocios en esos años.