Un nuevo capítulo en la investigación sobre Alberto González Amador se abrirá el 10 de abril, cuando la jueza Inmaculada Iglesias lo cite para declarar como investigado. Esta decisión se deriva de la apertura de una pieza separada que examina posibles delitos adicionales relacionados con un caso mayor que ya investiga presuntas irregularidades fiscales, según información obtenida por Europa Press.

La citación llega poco después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldara la investigación, la cual fue impulsada por una acusación popular que representa a las formaciones políticas PSOE y Más Madrid. La intención de estas organizaciones es esclarecer las circunstancias que rodean las acciones de González Amador.

González Amador ya compareció ante la jueza el pasado 24 de febrero, aunque se negó a prestar declaración, optando por hacer uso de su derecho a permanecer en silencio a recomendación de sus abogados. Esto fue en el contexto de la causa principal, que se centra en dos delitos fiscales de los que es objeto de escrutinio.

Los magistrados han determinado que, en esta etapa del proceso, es fundamental avanzar en la investigación para determinar si los hechos contenidos en la nueva pieza podrían constituir delitos penales. Se ha resaltado que la naturaleza de las operaciones económicas y legales realizadas debe ser investigada a fondo antes de llegar a cualquier conclusión definitiva.

La jueza también acordó en octubre iniciar una investigación separada relacionada con el supuesto uso de una sociedad instrumental con el objetivo de ocultar ingresos que el Grupo Quirón debería haber declarado. Esta decisión se debió en parte a un recurso planteado por PSOE y Más Madrid tras la negativa de la magistrada en una resolución anterior, donde rechazó las diligencias que estas organizaciones solicitaban.

El foco de la nueva pieza se centra en las potenciales irregularidades en el uso de la sociedad Masterman S.L. y la relación contractual que esta mantenía con Quirón Prevención S.L., a través de la empresa Maxwell Cremona S.L., perteneciente a González Amador. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad de las transacciones comerciales y su correcta declaración fiscal.

La acusación popular sugiere que es posible que haya existido una simulación jurídica que podría estar vinculada a delitos como la administración desleal o incluso corrupción en los negocios, dados los montos significativos involucrados en estas operaciones. En particular, destacan una transacción en la que casi 500.000 euros fueron pagados por las participaciones en Masterman, cuyo propietario en ese entonces era la esposa del presidente de Quirón Prevención.

En este contexto, se considera que estas cifras pueden estar relacionadas con contratos otorgados a la empresa Maxwell y posteriormente a Masterman por Quirón Prevención, lo que plantea la posibilidad de que exista una contraprestación oculta vinculada a la adquisición de productos a través de intermediaciones de Maxwell por parte de MAPE Asesores, generando ingresos de más de dos millones de euros en facturación en 2020.