En Madrid, el 26 de noviembre, se alentaron las investigaciones en torno a una empresa vinculada a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid ha notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el estado de esta investigación, cumpliendo con la normativa de "dación de cuentas" estipulada en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Esta normativa exige que los fiscales informen al fiscal general sobre hechos que por su relevancia deban ser conocidos.

La información fue revelada a través de un correo electrónico, al cual tuvo acceso Europa Press, datado el 7 de marzo. En este mensaje, la secretaria de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se dirigió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe, para poner en su conocimiento los detalles de la investigación contra la entidad Maxwell Cremona Ingeniería, vinculada directamente con la pareja de la presidenta regional.

El contenido del correo señala que, por instrucción de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, se remitieron a la FGE las diligencias de investigación penal relacionadas con la mencionada empresa. El aviso tiene como objetivo asegurar que se tomen las medidas necesarias a la luz de la importancia del asunto en cuestión.

El correo también informa que el 5 de marzo de 2024 se presentó una denuncia en el Decanato de Instrucción, la cual está aún a la espera de ser asignada al correspondiente juzgado. Además, la comunicación incluye una disculpa por la "dación de cuenta simultánea", referente a la existencia de la investigación y la presentación de la denuncia, aunque se justifica la urgencia dada la notoriedad de los involucrados.

Es importante señalar que un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha suscitado atención al indicar una "participación preeminente" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la supuesta filtración de correos electrónicos que contenían información sensible sobre González Amador. Según el magistrado instructor, Ángel Hurtado, el punto de partida para este caso se sitúa en el 8 de marzo.

El documento, del que también se ha hecho eco esta agencia de noticias, se enfoca en la información incautada a Rodríguez durante un registro en su despacho el 30 de octubre. En este contexto, se destaca un mensaje de WhatsApp de Villafañe a Rodríguez, fechado el 8 de marzo, en el cual se le informa que aún faltan páginas por escanear y solicita su corrección.

Más tarde, el 13 de marzo, Rodríguez confirmó a Ana Isabel García León, jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, que fue el 7 de marzo cuando envió "todo" lo relacionado con las diligencias en contra de González Amador. "Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE", comentó la fiscal jefe provincial durante su conversación.

La UCO subrayó la rápida publicación de la denuncia contra González Amador en la prensa, ocurrida el 12 de marzo, es decir, tan solo cuatro días después de que la Fiscalía General del Estado recibiera la información completa desde la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta circunstancia ha llevado a los investigadores a concluir que la denuncia "será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado". Así, se ha ampliado el objeto de las pesquisas, que inicialmente se centraban en la filtración de los correos entre González Amador y el fiscal Julián Salto, quien le investigaba por presuntos delitos fiscales.

No obstante, fuentes del ámbito fiscal consultadas por Europa Press han cuestionado a la UCO, argumentando que en sus "deducciones" ignoran la obligación legal que tienen los fiscales de reportar a sus superiores sobre asuntos de relevancia. También enfatizan que, para el 7 de marzo, la denuncia ya era conocida no solo por la Fiscalía, sino también por los juzgados de Madrid y Hacienda, sugiriendo otras posibles rutas de filtración.

Por otro lado, la Abogacía del Estado, en los escritos presentados ante el Tribunal Supremo para defender tanto a García Ortiz como a Rodríguez, ha enmarcado las comunicaciones relacionadas con este tema en el contexto de la dación de cuentas del artículo 25 del EOMF. El Tribunal Supremo abrió un expediente el 16 de octubre contra García Ortiz y Rodríguez, investigando la supuesta filtración de correos electrónicos a la prensa. En una nota de prensa emitida el 14 de marzo, se descartó que hubiera delito en la difusión de dicha información, un comunicado que llevó al novio de Isabel Díaz Ayuso a llevar el caso a los tribunales.