La fiscal respalda a los agentes del ariete basándose en grabaciones mientras la acusación denuncia "privilegios"
El abogado del inquilino critica que solo se le haya permitido dos recusaciones para descartar a miembros del jurado afines a los agentes
En el juicio contra seis agentes que emplearon un ariete para ingresar a una vivienda, la fiscal confía en que las grabaciones del incidente ocurrido el 21 de marzo de 2021 demuestren que los policías estaban convencidos de que se estaban cometiendo delitos, respaldando así su intervención policial y llevándolos a la absolución.
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el juicio contra los seis policías luego de acoger el recurso presentado por el morador contra la decisión del juez de levantar la imputación de cinco de ellos.
La vista oral comenzó con los alegatos previos y la presentación de pruebas, y mañana será el turno de los seis acusados de defender que su actuación fue completamente constitucional.
Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 21 de marzo de 2021 cuando un vecino alertó a la policía del ruido proveniente de una vivienda en la calle Lagasca de Madrid, donde se celebraba una fiesta con catorce personas a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.
El vecino había denunciado previamente las fiestas diarias en la vivienda y manifestó su desesperación ante la situación en pleno pico de la pandemia.
La única acusación particular, representada por el abogado Juan Gonzalo Ospina, sostiene que los hechos constituyen un delito de allanamiento de morada y solicita dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación.
Ospina ha denunciado privilegios a favor de la parte contraria al permitirle solo dos recusaciones para descartar a miembros del jurado afines a los agentes, lo cual podría dar lugar a la nulidad del juicio según su criterio.
En su informe, Ospina hizo hincapié en la inviolabilidad del domicilio y en que la actuación policial se llevó a cabo de manera contraria a la ley, alegando que diecisiete jueces decidieron que el caso debía ser juzgado.
Según Ospina, los agentes de la Policía Nacional ignoraron el procedimiento al no solicitar una orden judicial en Plaza Castilla, a tan solo diez minutos en coche de la calle Lagasca.
La fiscal Inmaculada Sánchez Cervera señaló que este juicio no juzga el sistema democrático, sino hechos puntuales, y resaltó la extraordinaria situación provocada por el Covid en aquel momento.
La fiscal destacó que los agentes actuaron en base a su creencia de que se estaba cometiendo un delito y que las grabaciones de las cámaras de seguridad son prueba irrefutable de ello.
Por otro lado, el abogado Juan Antonio Frago, en defensa de los agentes, afirmó que si sus clientes son condenados, ingresarán en prisión, ya que no se permiten reducciones en las penas de los delitos de los que se les acusa.
Frago enfatizó que la actuación de los agentes fue plenamente legal y resaltó la presencia de dos mujeres de familias poderosas entre los catorce asistentes, asegurando que el jefe del operativo sabía lo que estaba haciendo y registró la actuación.
Los agentes se enfrentan a una pena de cuatro años de cárcel según la solicitud del inquilino. El fiscal solicita la absolución de cinco de los policías, argumentando que el jefe de grupo actuó en base a la creencia de que su acción era legal.