En Madrid, el 6 de junio, la magistrada Inmaculada Iglesias ha convocado a la esposa del presidente de Quirón Prevención para que comparezca como investigada en una investigación que gira en torno a Alberto González Amador, quien enfrenta acusaciones de corrupción empresarial. Las pesquisas giran en torno al supuesto pago de una comisión encubierta de 500.000 euros en relación con la adquisición de una sociedad que estaría sin actividad ni patrimonio.

Según un documento al que ha tenido acceso Europa Press y que fue adelantado por la 'Cadena Ser', la investigación ha citado a la mujer del directivo para declarar el próximo 19 de junio, en respuesta a la demanda de la acusación popular que representa tanto al PSOE como a Más Madrid.

Previamente, el 10 de abril, el pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó pruebas ante la jueza sobre los ingresos recibidos de Quirón Prevención, rechazando cualquier insinuación de que estos fueron ocultados a través de una sociedad creada específicamente para evadir responsabilidades fiscales.

Este caso es una investigación aparte, iniciada en octubre pasado, relacionada con supuestas irregularidades en la administración y la posibilidad de corrupción que no se abordan en la causa principal que investiga un presunto fraude fiscal.

La jueza decidió en octubre abrir un nuevo frente en la investigación después de aceptar parcialmente un recurso presentado por el PSOE y Más Madrid. Este recurso cuestionaba su decisión anterior, que no había admitido las diligencias solicitadas por la acusación popular.

La nueva línea de investigación se centra en el uso de una sociedad instrumental, con el objetivo de esclarecer si se han utilizado estructuras empresariales irregulares para ocultar ingresos que deberían haber sido informados por Quirón Prevención.

La resolución de la magistrada pone de relieve la necesidad de investigar si la utilización de la sociedad Materman S.L. para ocultar ingresos declarables de Maxwell Cremona S.L. podría estar vinculada a la comisión de otros delitos.

La acusación popular apunta a que lo que aparenta ser un negocio legítimo podría en realidad encerrar prácticas de administración desleal, así como un posible delito de corrupción, puesto que la operación involucraría el pago de cerca de 500.000 euros por participaciones de la sociedad en cuestión, que estaban a nombre de la cónyuge del presidente de Quirón Prevención.

Se sospecha que esta transacción podría ser una contraprestación relacionada con la adjudicación de contratos o una compensación por operaciones intermedias de Maxwell, quien en 2020 facturó a empresas como FCS Products, SL e Inteconn, INC un total de más de dos millones de euros.