La Comunidad de Madrid ha decidido llevar a cabo acciones legales contra Juan Pablo Fernández Santos, quien ocupa el cargo de secretario de organización de Podemos, por sus manifestaciones ofensivas hacia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, así como hacia los profesionales sanitarios que se enfrentaron a la pandemia. En su argumento, Fernández Santos aseveró que la gestión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid fue "homicida y criminal".

El anuncio fue realizado por Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. García Martín criticó la postura de Podemos, haciendo hincapié en que no se puede denigrar ni acusar de crímenes a un gobierno que ha trabajado arduamente, ni a los profesionales de la salud, quienes se sacrificaron durante la crisis sanitaria. "No se puede tildar de asesinos a médicos, enfermeras y demás personal que luchó en la primera línea", señaló con firmeza.

Este lunes, Fernández Santos había manifestado que Ayuso debería "estar en prisión" debido a su "gestión homicida" en relación con los ancianos afectados por el virus en las residencias de Madrid, lo que ha generado un revuelo considerable en la opinión pública y política.

Las nuevas querellas se añaden a las que ya había anunciado el Ejecutivo madrileño contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE, quien se refirió a las muertes en residencias durante la crisis sanitaria como "asesinatos". Además, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también está en la mira debido a sus acusaciones de "gestión homicida", declaraciones que han sido catalogadas por el consejero como un cruce de "todas las líneas rojas de la decencia política".

"Ambas deben dar un paso atrás y retractarse de sus palabras, que han cruzado el límite. No vamos a permitir este tipo de ofensas", advirtió García Martín.

En otra nota, el portavoz del Gobierno madrileño se hizo eco de un reportaje en 'El Debate', que revela que el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Salvador Illa, contaba con informes que contenían directrices para las residencias de ancianos desde finales de enero, mientras que el Gobierno central promovía las manifestaciones del 8M. Estas directrices incluían la prohibición de visitas y salidas para los residentes, así como el confinamiento de los ancianos con infecciones respiratorias en sus habitaciones, lo cual fue calificado como "cinismo" por el portavoz, quien criticó el comportamiento de la izquierda y ultraizquierda en este contexto.