El pasado 1 de noviembre, la Comunidad de Madrid se vio en la necesidad de modificar un cerramiento ubicado en la cuenca del río Lozoya, en Pinilla del Valle, tras una denuncia formal presentada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Esta denuncia se realizó contra la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior por haber llevado a cabo esta instalación sin la correspondiente autorización del organismo competente.

Los incidentes datan de principios de septiembre, cuando la CHT emitió un boletín formal que instaba a la Consejería debido al cerco establecido a lo largo del río Lozoya en esta localidad, según fuentes del organismo que hablaron con Europa Press.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han señalado que se trata de un "incidente aislado" que ya ha sido rectificado, asegurando que las acciones estaban dentro del marco del proyecto Hidroforest, que supuestamente contaba con todos los permisos necesarios para su ejecución.

La controversia salió a la luz tras una denuncia por parte de la Plataforma Ecologista Madrileña en septiembre de 2023. Esta organización solicitó que la CHT interviniera en relación a dos vallados, argumentando que había una "ocupación ilegal del Dominio Público" y el potencial riesgo de que los materiales empleados terminaran contaminando el río.

Recientemente, la Plataforma Ecologista Madrileña ha emitido un comunicado en el que demanda a las administraciones un mayor compromiso con la protección del ecosistema fluvial, así como de los hábitats y especies que forman parte de la Red Natura 2000. También han denunciado la aparente "impunidad" con la que se llevan a cabo "agresiones" a los ecosistemas protegidos en la región.

El proyecto Hidroforest, que se inició en marzo de 2023 por parte del gobierno autonómico, tiene como objetivo la protección de los montes públicos adyacentes a las cabeceras de los embalses que abastecen a la población de Madrid. Más de veinte municipios, incluido Pinilla del Valle, están vinculados a esta iniciativa.