El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha comunicado que la postura del gobierno madrileño en la próxima Conferencia de Presidentes será enérgicamente contraria a la condonación de deudas y a la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "pagar" a partidos independentistas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, García Martín destacó que esta cumbre será una plataforma crucial para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pueda expresar personalmente al presidente del Gobierno su descontento con la situación actual en el país, que considera insostenible e irrespirable.

El consejero enfatizó que Ayuso tiene la intención de señalar que España está más alineada con regímenes bolivarianos que con una democracia consolidada propia de una nación europea como debería ser la española.

Refiriéndose específicamente a la cuestión de la condonación de la deuda, García Martín subrayó que Madrid se opone firmemente a una financiación especial, argumentando que lo que realmente se necesita es que Cataluña permanezca dentro del régimen de financiación común, lo que permitiría a todas las comunidades autónomas mantener los servicios públicos esenciales.

Asimismo, resaltó que Madrid es la comunidad que más contribuye al sistema común, aportando más del 70% de los ingresos necesarios para su financiación. García Martín fue claro al afirmar que si el Gobierno necesita hacer concesiones a independentistas para sostener su posición en Moncloa, que lo haga con sus propios recursos, sin afectar a los ciudadanos madrileños.

En adición, el consejero expuso que Madrid expresará su rechazo a lo que denominó "la mafia y las cloacas del Estado" presente en el Gobierno de Sánchez, instándole a que si no puede gestionar el país de manera eficiente, lo mejor sería convocar elecciones.

García Martín también planteó que es necesario abordar temas como la ocupación, exigir explicaciones sobre el apagón que ha dejado muchas incógnitas más de un mes después, y expresar inquietudes sobre el descontrol migratorio que afecta a toda España y la crisis ferroviaria que se ha vuelto intolerable, así como la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial.