La Comunidad de Madrid rechaza la imposición de la reducción de jornada laboral por parte de los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alegando que excluye a los empresarios.

"No creemos que el Gobierno deba tener un papel dominante en este tema, sino que debe actuar como intermediario y respetar cualquier acuerdo al que lleguen las partes, así como los plazos y demás aspectos", afirmó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

Díaz ha expresado su deseo de tener listo el acuerdo de reducción de jornada sin reducción salarial antes del verano. En el Congreso, argumentó que es un paso necesario para acabar con la "lacra" de las horas extras no remuneradas y las jornadas parciales no deseadas.

"Vamos a cumplir con el compromiso democrático, trabajando con los sindicatos de clase de nuestro país, y no nos levantaremos de la mesa de negociación hasta lograr un acuerdo, si la patronal así lo desea", declaró la semana pasada.

En respuesta, Albert señaló que mientras el Ejecutivo regional elimina trabas burocráticas, el Gobierno central actúa en contra. "La reducción de jornada implica un aumento de los costes laborales y una mayor regulación que obstaculiza el crecimiento económico y la creación de empleo, algo que buscamos desde la Comunidad de Madrid", concluyó la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo.