La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la financiación universitaria, anunció Ayuso

En un paso significativo hacia la mejora de la financiación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tomado la decisión de incrementar el presupuesto en un 3,8%, lo que equivale a 42 millones de euros. Este ajuste es un notable aumento respecto al modesto 0,9% planificado anteriormente y resulta de la interacción entre Ayuso y los rectores de las instituciones educativas, incluidos Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III.

La noticia ha sido revelada inicialmente por el diario 'El País' y confirmada por fuentes del Gobierno regional a Europa Press. Durante la reunión celebrada, se especificó que de los 42 millones de euros, 20 irán destinados a la mejora de infraestructuras, mientras que el resto, 22 millones, se asignará a nóminas y gastos operativos financieros de las universidades.

La situación crítica que atraviesan las universidades ha llevado al Gobierno regional a responder a sus reiteradas solicitudes de ayuda. Especialmente alarmante ha sido la carta enviada por los rectores donde advierten que la situación está "en una fase crítica" y que, de no tomar medidas, podría llegar a convertirse en catastrófica en un futuro próximo.

El Gobierno ha comprometido su apoyo en el desarrollo de un modelo de financiación que proporcione estabilidad a las universidades. Este modelo vinculará una parte de los fondos a la planificación y consecución de objetivos específicos, lo que se contemplará en el proyecto de presupuestos regionales para 2025, actualmente en tramitación en la Asamblea de Madrid.

Además, el Ejecutivo ha indicado que la Consejería de Educación ya colabora con los responsables universitarios en la formulación de un plan de infraestructuras que permita evaluar las necesidades de cada institución. En este sentido, se espera que en la segunda quincena de enero de 2025 se continúen los trabajos para definir el modelo de financiación vinculada a la nueva ley de Universidades.

Previamente a dicha reunión, se confirmaron avances en la firma del convenio del Programa María Goyri, que permitirá la creación de nuevas plazas para profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas de Madrid. Sin embargo, se hará un ajuste para adaptarse a la realidad de cada institución, con el objetivo principal de rejuvenecer y estabilizar el personal docente.

Este programa prevé la creación de hasta 1,100 nuevas plazas, de las cuales el 60% serán financiadas por el Gobierno central durante seis años, mientras que el 40% lo asumirá la Comunidad de Madrid, que se compromete a invertir 17,5 millones de euros anualmente a partir de 2025.

El anuncio se produce en un contexto polémico, ya que un día antes, el Ministerio de Ciencia y Universidades reveló que todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, se habían adherido al programa. La ministra, Diana Morant, envió una carta al Gobierno regional instándole a cambiar su postura para no perder 169 millones de euros en financiación, enfatizando que el plazo para unirse al programa expira este jueves.

La urgencia por formalizar el convenio de María Goyri se complementa con la necesidad de establecer una nueva financiación antes de la votación de los presupuestos autonómicos para 2025, que se someterán a un debate final a finales de este mes. Se prevé que las enmiendas a los presupuestos propuestas por la oposición no prosperen debido a la sólida mayoría del PP en la Asamblea.

Esta semana, los rectores de las universidades públicas madrileñas también comunicaron de forma unánime su preocupación por la financiación proyectada para el año siguiente, reiterando su descontento y planteando la "insostenibilidad económica" que afecta la calidad educativa.

En su carta, enfatizaron que el borrador de los presupuestos no incluye las transferencias necesarias para hacer frente a la inflación en suministros, abonar el incremento salarial aprobado por el Gobierno central, ni para implementar los requerimientos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Asimismo, subrayaron la falta de recursos para mantener los edificios universitarios, lo cual es esencial para su funcionamiento y seguridad.

Antes de este encuentro, la Consejería de Educación, bajo el liderazgo de Emilio Viciana, había confiado en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC) para incorporar un modelo de financiación a largo plazo que se adapte a las exigencias de las universidades.

Dicha ley establecerá, por una parte, una financiación básica y, por otra, la posibilidad de acceder a inversiones para necesidades específicas y a financiación adicional basada en el logro de objetivos estratégicos en educación e investigación.

La relación entre el Gobierno regional y las universidades ha estado marcada por la tensión en los últimos días, un conflicto que ha estado gestándose durante los meses anteriores. Ayuso se había manifestado en varias ocasiones, acusando a la izquierda de haber “colonizado” las instituciones, incluyendo las universidades, y criticando que se otorguen títulos de manera indiscriminada.

Estas declaraciones provocaron la respuesta del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, quien calificó las afirmaciones de Ayuso como "injustas y falsas", advirtiendo que tales comentarios podrían dañar de manera irreversible el prestigio de una institución que es clave en la educación superior en España y ampliamente reconocida a nivel internacional.