La Comunidad impugnará la obligatoriedad de las mascarillas al alegar falta de consenso y emergencia.

La Comunidad impugnará la obligatoriedad de las mascarillas al alegar falta de consenso y emergencia.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la orden del Ministerio de Sanidad que estableció medidas para combatir el aumento de infecciones respiratorias agudas, incluyendo la obligatoriedad del uso de mascarillas en instalaciones sanitarias.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, informó al Consejo de Gobierno este miércoles sobre la solicitud de este proceso legal a la Abogacía General de la Comunidad para presentar un recurso contencioso-administrativo.

Es precisamente este miércoles cuando el uso de mascarillas ha dejado de ser obligatorio en centros de salud y hospitales de la Comunidad, debido a la reducción de casos registrados en la región en cuanto a virus respiratorios. La orden ministerial permitía que el uso de mascarillas pudiera ser considerado como "recomendación" en aquellas comunidades autónomas que presentaran una disminución en las dos últimas semanas en cuanto a infecciones respiratorias agudas.

Según ha argumentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Gobierno regional recurre a la Justicia por dos principales motivos.

En primer lugar, considera que el Gobierno tomó esta iniciativa sin el acuerdo necesario de las comunidades autónomas, que también son parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Están enfatizando que esto no ocurrió ni siquiera en las etapas más difíciles de la pandemia y es un requisito establecido por la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, el Gobierno regional considera que no existía una situación de necesidad urgente, tal como alegaba el Ministerio de Sanidad. García Martín ha enfatizado que la propia orden no menciona una situación epidemiológica diferente en cuanto a infecciones respiratorias agudas en comparación con años anteriores, ni en términos de mortalidad ni de hospitalizaciones.

Además, la Comunidad de Madrid opina que, si la situación hubiera sido tan alarmante, la orden podría haberse emitido el mismo 4 de enero. La Administración autonómica sostiene que esta clasificación solo sirve para justificar una medida de tal magnitud sin contar con los consejeros de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas.

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